Tremenda exhibida le dio el regidor panista Enrique Torres Valadez a la soberbia directora de Salud municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, después de que la doctora lo envió a un simple centro comunitario para ser atendido de Covid-19.

En la columna anterior, dimos a conocer que el regidor en cuestión tramitó y ganó un amparo ante la justicia federal para ser atendido en el hospital de Poliplaza Médica, institución a la que el Municipio ordenó la cancelación del contrato de servicios médicos, que presta a la burocracia municipal. 

Como respuesta al fallo judicial, la doctora Santana se aventó el tiro de responderle con oficio al regidor panista, diciéndole que le consiguió una cita para ser atendido en el Centro Comunitario Santiago Troncoso.

Ni la burla perdona, dijeron los ediles de la fracción azul, que vieron la postura de Daphne como una mofa, muy al estilo de su expatrón Armando Cabada, quien además de ignorancia destilaba despotismo, ni más ni menos que la misma personalidad de la médica.

Como Torres Valadez no es una perita en dulce, más pronto que rápido hizo sonar los tambores de guerra y le respondió a la directora de Salud por la misma vía, por escrito, para dejar constancia de su ignorancia en materia de Covid y su torpeza política para atender los requerimientos de salud de un miembro del Cabildo.

El Kike le dijo que no acudió a la cita que le agendó Daphne en el centro comunitario, porque simplemente él no se la pidió y porque no iba a exponer a otras personas a contagio de Covid-19. Tómala.

“Ni mucho menos le pedí que me diera una cita en un centro comunitario que no está apto para operar como nosocomio. Usted sabe, como perito en salud, que una persona enferma o contagiada del virus del Covid-19 debe estar en aislamiento y bajo tratamiento médico, lo cual estoy haciendo en mi domicilio particular”, le dice textualmente.

Luego para no dejar dudas del tremendo oso de la doctora Santana, le explica con palitos y bolitas: “promoví el Juicio de Garantías, entre otras cosas, porque ni usted como titular de la Dirección de Salud municipal ni la dependencia a su cargo, tienen facultades para prestar a los trabajadores del municipio de Juárez, jubilados, pensionados y derechohabientes, el servicio de atención médica, suministro de medicamentos y servicios hospitalarios en el centro comunitario Santiago Troncoso ni en ningún otro”. Otra vez, tómala.

Le aclaró además que las instalaciones de los centros comunitarios fueron diseñadas y destinadas a dar un servicio a la comunidad con talleres y oficios, no para servicios de salud para los empleados municipales y derechohabientes.

“Usted no puede cambiar el destino de un bien inmueble público de la comunidad”, le advierte el regidor.

Para rematar, le reitera que ningún centro comunitario puede ni debe funcionar como hospital ni para prestar servicio médico a los trabajadores municipales, jubilados, pensionados y derechohabientes.

Al final le dice en otras palabras, que sus conductas son indebidas, que incurrió en faltas graves y que son constitutivas de delito, en clara referencia al desacato que Daphne hizo al mandato del juez federal que resolvió la demanda de amparo en favor del regidor.

Enviar al edil a un centro comunitario que no era materia del reclamo de Torres Valadez, ni del resolutivo judicial, se interpretó como una vil burla porque ahora tendrá que afrontar las consecuencias. Así de simple.

Por cierto, que al margen de la respuesta formal y contundente que hizo el Kike a Daphne, el coordinador de los panistas en el cabildo, Joob Quintín, reclamó sus 5 minutos de fama en el conflicto, porque no fue avisado del amparo y mucho menos del fallo que tuvo.

Si el cowboy urbano no ha sido capaz de liderar a su fracción con soltura, ni hacer valer los acuerdos de sus compañeros de comuna, menos va a entender el significado de un juicio de amparo por el derecho a la salud. Calladito se ve más bonito.

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A partir de este día se hará efectivo el despido de un millar agentes del Ministerio Público federal, peritos y policías federales de las delegaciones estales de la Fiscalía General de la República, y es hora de que mucha gente se pregunta cuál es el trabajo que realizaban.

Hasta ahora, que por cuestiones presupuestales están causando baja a nivel nacional, asoman la cabeza para exigir respeto a sus plazas, pero pocas veces lo hicieron para cumplir dignamente con sus responsabilidades en favor de la comunidad, que finalmente es la que les paga sus salarios y prestaciones.

En el caso de la delegación de la Fiscalía Federal en Juárez, es poco o nada lo que se puede mencionar a favor de los elementos destacamentados en la plaza fronteriza, porque su trabajo en combatir la delincuencia organizada ha pasado de noche durante muchos años.

Cuando existía la tristemente célebre Policía Judicial Federal, era noticia de todos los días, pero por  sus abusos, atracos y homicidios que cometieron en la frontera con el pretexto del combate al narcotráfico.

Desde que la PGR se convirtió en Fiscalía General de la República, se desconocen resultados de su trabajo en la frontera, a no ser por alguna ruidosa orden de aprehensión que ejecutan y comunican, nada se sabe del combate al crimen organizado ni a los traficantes de migrantes y mucho menos del contrabando de armas que por esta frontera se ha convertido en un escándalo.

Por lo mismo, si los despiden o los concentran en otra plaza, ni nos afecta ni nos beneficia, porque hasta ahora su presencia en Juárez ha sido totalmente inútil, como si fueran seres invisibles, al igual que los malandros que se supone deben combatir.

De acuerdo con la información que llega del altiplano, los oficiales despedidos serán en su mayoría policías ministeriales adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), pero el recorte también alcanzará a peritos y agentes del Ministerio Público.

Ojalá y esos cientos de agentes que pasarán a engrosar las filas del desempleo, no pasen a formar parte de la plantilla de la delincuencia organizada, porque con la información que tienen se convierten en piezas muy valiosas para los malandros y peligrosas para la población.