El mensaje presidencial de cara a la nación, en razón de la crisis política desencadenada por los hechos de Iguala, no llenó las expectativas de los mexicanos. El lenguaje de Enrique Peña Nieto es en tiempo futuro, no en presente, aunque su régimen cruce ya los 24 meses.
Fue percibido el mensaje más como un acto desesperado para salir al paso de esos acontecimientos que inusitadamente salieron del control operativo de la Presidencia de la República, que es señalada como responsable de todo cuando el origen real de los problemas específicos en Guerrero se ubica en el PRD–Chuchos–López Obrador, con la entronización de Aguirre Rivero como gobernador y los Abarca como dueños de Iguala.
Pero Los Pinos quedó arrinconado también por los escándalos del presunto tráfico influencias, el conflicto de intereses develado por la revocación de la licitación del tren rápido México–Querétaro y la existencia de la Casa Blanca, propiedad de la primera dama, Angélica Rivera. Al presidente, Enrique Peña Nieto, se le escapó la oportunidad de dar respuestas contundentes para salir del atolladero en que se encuentra.
En el primer tercio de su mandato que se cumple exactamente hoy, el inquilino de Los Pinos no pudo trazar una ruta cierta para articular de nuevo su propuesta de gobierno que no ha logrado cuajar, a pesar del periodo de gracia otorgado por la oposición política expresado en el agotado Pacto por México.
De hecho, el ahora tristemente célebre Pacto ha representado un autoengaño para Peña Nieto, porque consiguió el favor de las cúpulas del PAN, PRD y otros partidos pero perdió la relación y la comunicación directa con los mexicanos. Navarrete y Madero le subordinaron como corderitos a diputados federales y a senadores pero no a las bases de sus respectivos partidos ni mucho menos a la generalidad de los mexicanos que está hoy volcada en una crítica lapidaria y contundente al peñismo.
El relanzamiento del proyecto presidencial parte de la construcción del Estado de Derecho, luego de aquel espejismo prometido el primero de diciembre del 2012, de reducir los índices de inseguridad, la impunidad, corrupción, las desapariciones forzadas y las ejecuciones, quedó hecho añicos por los acontecimientos de Tlatlaya, estado de México; e Iguala, Guerrero.
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Peor todavía, las 10 medidas anunciadas incluyen algunos puntos que ya habían sido presentados hace dos años en la toma de protesta, pero las envuelve de nuevo en celofán y les pone moño de regalo para decirnos que después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, México debe cambiar a fondo.
En contenido y forma, el discurso presidencial reeditó en gran parte el primero de diciembre de hace 24 meses, pero ahora bajo la sombra de una serie de errores y fracasos que a pesar de un mediano éxito en la consecución de las reformas estructurales, vía acuerdos políticos, no ha logrado reflejarse en mejores niveles de bienestar para la sociedad.
De ahí que la tragedia de Iguala haya adelantado un año la mitad del sexenio, sin esperar el canto de las urnas para evaluar los resultados, como normalmente se hace en la cultura política mexicana.
Después de Iguala, México debe cambiar, dijo enfático Peña Nieto el jueves por la mañana y pasó a enumerar las 10 medidas que para ser efectivas requerirán de nuevos ajustes al remendado marco legal del país.
Lo escucharon de nuevo los miembros más conspicuos de la clase política del país: los 32 gobernadores, senadores, diputados federales y dirigentes de partidos políticos.
Ninguno de ellos se pierde este tipo de eventos; el gobernador César Duarte viajó especialmente a la Ciudad de México para estar presente durante la lectura del mensaje.
Los 43 estudiantes normalista desparecidos, de los que la PGR presume su muerte a manos del crimen organizado por orden del ex alcalde de Iguala, detonaron la crisis anticipada del régimen Peña Nieto.
El caso no solamente nos dejó caer la horrorosa realidad encima, sino que exhibió en toda su crudeza la corrupción y la impunidad que existe en los tres órdenes de gobierno a lo largo y ancho de la golpeada República.
Pero como Iguala reveló el secreto a voces que recorre los pueblos y ciudades del país, sobre la colución de las autoridades municipales con los criminales, como medida futura de contención, el presidente empezó por anunciar que a partir de mañana enviará al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas de reformas constitucionales para intervenir o disolver un ayuntamiento, cuando exista infiltración del crimen organizado.
Si llegara a hacerse efectivo ese anuncio, el grueso de los mas de 2 mil 450 municipios de México tendrían que ser disueltos, y más de la tercera parte de los 67 que tiene Chihuahua, empezando por enclaves del narco como Guadalupe y Calvo, Chínipas, Batopilas, Balleza, Morelos, Guazapares, Batopilas, Urique, Uruachi, por mencionar algunos.
Aquí vale la pena el breve paréntesis. Si bien es cierto que en ese nivel es innegable la complicidad con el narcotráfico no es ahí donde están las auténticas relaciones policiacas y de poder con el crimen organizado. Los policías municipales son chalanes, son peones, de sus jefes colocados en altos manos de las policías estatales y federales. Se ha hablado más de esas relaciones, por ejemplo, entre las jefaturas de la Ministerial estatal, la Policía Federal y generales del Ejército, con la delincuencia organizada que con los preventivos. Es un acto pleno de distracción enfocarse exclusivamente en la municipal.
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Hace 23 meses, en su primer visita a Chihuahua, Peña Nieto anunció aquí la instauración del Mando Policial Único, y de nuevo lo vuelve a presentar como una medida para terminar con la corrupción de las Policías municipales, que quedarán supeditadas a la Policía Única Estatal en cada una de las 32 entidades.
En el paquete de leyes próximas a ser propuestas habrá de todo, pasando por la revisión de nueva cuenta del marco jurídico para atacar la tortura, las desapariciones forzadas, el sistema de competencias penales y los procedimientos para castigar las ejecuciones extrajudiciales.
Las medidas incluyen la creación de un sistema de indicadores sobre desapariciones, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil; la instauración de un sistema nacional de búsqueda de personas, un banco de información genética, el Registro Nacional de Víctimas.
Hace dos años, en la toma de protesta, ya había anunciado la propuesta de crear la ley Ley General de Víctimas, paso indispensable para la reparación del daño, y generar un sistema consultivo para la reforma constitucional de derechos humanos, ahora nos dijo que había que publicarla lo antes posible para darle vigencia plena.
El presidente habló de mejorar lo que llamó justicia cotidiana y la identificó como todos aquellos actos legales encaminados a atender los proceso relacionados con los conflictos que surgen en vida diaria de los ciudadanos.
En el paquete viene una reforma constitucional que modificará el articulo 115 referido a la autonomía municipal, que les reducirá facultades en el ámbito de seguridad; redefinirá competencias en el combate al narcomenudeo, en una especie de contrarreforma de otras reformas que fueron sacadas en el sexenio pasado.
Entre los anuncios mencionó además la implementación de la cédula única de identidad, largamente diferida en el país y la operación de un teléfono único de emergencias, similar al usado en Estados Unidos y otras partes del mundo, el 911 mexicano.
Guerrero, Michoacán y Tamulipas serán las tres entidades intervenidas inmediatamente por un nuevo esquema de seguridad, basado por cierto en el modelo Chihuahua y también habrá estrategias focalizadas para atender los rezagos sociales y económicos en las regiones con mayores carencias del país.
Parte de todo eso ya está contenido en las 13 decisiones con todo y sus anuncios receptivos, las que Peña Nieto inició su sexenio el primero de diciembre del 2012.
Igual que ahora, en aquella ocasión anunció su determinación de responder a la exigencia de los mexicanos de vivir en paz, con un programa nacional para la prevención del delito, el desistimiento de la acción contra la Ley General de Víctimas y una iniciativa para tener un solo código penal y de procedimientos penales en todo el país, que se supone debe estar listo para entrar en funcionamiento a partir del primero de enero del 2015.
Aquel primero de diciembre se trae de nuevo al presente, cuando habla de nuevo sobre las condiciones paupérrimas en las que viven millones de mexicanos, que dieron origen a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que en el caso de ésta frontera ha ido de tumbo en tumbo.
Quizá por ese remix el relanzamiento del sexenio no entusiasmó ni a los propios políticos que le escucharon en Palacio Nacional, menos a los segmentos sociales que siguen exigiendo la renuncia de Peña Nieto y que este primero de diciembre saldrán a las calles a gritar y hacerse escuchar con estridencia.
De eso dieron cuenta no sólo los medios mexicanos, principalmente la prensa escrita, sino también los principales periódicos de Estados Unidos y Europa.
No podía ser de otra manera, el presidente ha incumplido compromisos y tiempos para mostrar resultados.
Juárez es un claro ejemplo de eso, todo este año hemos sufrido las consecuencias de una Reforma Hacendaria impuesta a rajatabla por la mayoría priista y sus aliados de izquierda. Con la homologación del IVA el 11 al 16% ,desde el primero de enero, los bienes de consumo, servicios y satisfactores aumentaron de golpe y porrazo 5%.
Veinticuatro meses no han sido suficientes para que Juárez aparezca en el calendario de giras presidenciales. Una y otra vez se ha anunciado la visita y con las mismas se cancela.
Compromisos de obras y programas, como el Centro de Convenciones, la zona franca, siguen esperando mejores tiempos que no llegan a esta frontera.
Menos se ve mejoría en los niveles de bienestar, ni efectividad en la aplicación de los programas de combate a la pobreza, la entrega de las tarjetas Sin Hambre, meses atrás, puso en evidencia la magnitud de la miseria de decenas de miles de familias juarenses que reñían en las filas para adquirir productos básicos.
Los resultados en el combate a la corrupción tampoco han sido suficientes, el propio presidente está inmerso en escándalos de ese tipo lo mismo que gobernadores de varios estados.
El único golpe fuerte a la corrupción y a los excesos de miembros de la clase política fue el asestado a la ex lideresa del Sindicato Nacional de Maestros, Elba Esther Gordillo, y para el grueso de los mexicanos fue más un ajuste de cuentas que verdadera voluntad de hacer la diferencia en lo tocante a la democratización de la vida sindical.
Para acabalarla, los pronósticos económicos no son buenos, el precio internacional del petróleo sigue a la baja y la paridad cambiaria esta misma semana rebasó la barrera de los 14 pesos, no vista desde finales del 2011.
Hay muchas variables sueltas en todos los ámbitos de la vida nacional y estatal que complican la coyuntura política, social y económica en la antesala de los comicios federales del próximo año.
Entramos hoy a la recta final de este 2014 en total incertidumbre del futuro inmediato y con indicios de que se puede estar formando una tormenta perfecta, que nos muestre el lado explosivo y violento de las movilizaciones, generadas por el hartazgo que están generando los políticos entre los mexicanos.