Don Mirone
La celebrada Revolución Mexicana sepultó al porfiriato y dio paso a un reestructurado sistema político con bases teóricas en la democracia representativa. El cambio de modelo en su parte significativa sólo hizo desaparecer la reelección.
A poco más de un largo siglo de aquello que los liberales llaman gesta, no hay motivo alguno para celebrar, aplaudir o seguir levantando monumentos; todo lo contrario, se elevan millones de voces con justificados reproches por el desapego “revolucionario” a los intereses estrictamente nacionales y nacionalistas. Ello ha conducido al país por un viaje de pobreza, ignorancia y escaso orgullo por la patria. Sexenio tras sexenio la historia se acumula en la misma dirección.
Las condiciones sociales del porfiriato no cambiaron tras la Revolución. Los pobres siguieron y siguen siendo pobres; la riqueza en algunos casos cambió de manos y el poder público de inmediato quedó infectado de autoritarismo, corrupción y vicios de toda laya.
Transparencia Internacional ubicó a México como el país más corrupto de Latinoamérica durante el 2013. Forbes replicó esa estadística y dio nombres de los 10 personajes más corruptos en el país el año pasado: Elba Esther Gordillo (Fundadora del Panal), Carlos Romero Deschamps (líder del PRI en el sindicato de petroleros), Raúl Salinas de Gortari (hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari), Genaro García Luna (ex secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón), Andrés Granier Melo (ex gobernador de Tabasco), Tomás Yarrington (ex gobernador de Tamaulipas por el PRI), Humberto Moreira (ex gobernador de Coahuila por el PRI), Fidel Herrera (ex gobernador de Veracruz por el PRI), Arturo Montiel (ex gobernador del Estado de México por el PRI y líder del grupo Atlacomulco, del que surgió Enrique Peña Nieto) y Alejandra Sota (ex vocera de Felipe Calderón).
Esa lista fue presentada apenas el año pasado; sin embargo, la historia reciente de nuestro país es una olla gigantesca burbujeante de podredumbre ocasionada por los “servidores públicos”: “La corrupción es el cáncer del país; México corre el riesgo de devorarse a sí mismo si no logra controlar la corrupción”, dijo en aquella famosa frase de campaña José López Portillo.
Años más tarde su régimen era catalogado como un desastre: su compañero de fechorías estudiantiles, Arturo Durazo, se construía con recursos públicos una de las primeras insultantes “casas blancas”: El Partenón, y detonaba una extraordinaria inseguridad pública en la ciudad de México. En Banrural era descubierto un fraude por 200 millones de dólares.
Con Miguel de la Madrid brotaron casos de corrupción extraordinaria tras el llorado sismo de 1985 en la ciudad de México; con Ernesto Zedillo fue la impune masacre de indígenas en Aguas Blancas, Guerrero, que terminó por expulsar del Gobierno estatal a Rubén Figueroa. Vicente Fox tuvo a su familia política, los Bibriesca, aruñando por montones los recursos públicos federales.
Las relaciones del poder público con el narcotráfico no son de ahora. López Portillo-Durazo mandaron ejecutar a 11 colombianos en el estado de México. Mario Villanueva Madrid, el ex gobernador de Quintana Roo, sigue preso por corrupción y sus comprobadas relaciones con el cártel de Juárez.
En la actualidad no podría ser distinto: un presidente que fue presionado para retirar la concesión de una obra multimillonaria, de casi 60 mil millones de pesos, –el tren Querétaro-Puebla– debido a que entre las empresas ganadoras del concurso aparece una de ellas estrechamente ligada a él mismo, así como la ofensiva mansión de 7 millones de dólares construida para la primera dama Angélica Rivera. O bien, un gobernador de Chihuahua políticamente suicida que tiene depositados 65 millones de pesos en un fideicomiso, listos para colocar su nombre entre la histórica lista de fundadores de un banco.
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Nuestro país no ha salido del tercer mundo. Las fotografías de 1900-1910 y las del 2014 sólo han cambiado de blanco y negro a color. Los calzones de manta de aquel tiempo son hoy harapos que alguna vez portaron etiqueta made in china. Los alimentos no alcanzan muchas veces la categoría de gorgojos cuando los hay.
Los “revolucionarios” colocaron sus nombres en calles, plazas y edificios. Se embriagaron por décadas con el destierro y muerte de don Porfirio, pero jamás fueron capaces de dar a los mexicanos el cielo prometido; o mejor dicho, nunca su liberalismo antivalores se tradujo en bienestar para el país.
Quienes de buena fe participaron en aquella revolución, convencidos del golpe de timón que urgía a la venerada tierra mexicana, jamás imaginaron que sus herederos, sus juniors, se convertirían en camarillas arrasantes de Porfirio Díaz que han exprimido y exterminado a más mexicanos que en toda la época posindependencia.
Los hijos y nietos de la Revolución armaron un eficiente sistema de partidos políticos que ha dominado imperativamente a la República y ha impedido que su población saque la cabeza del tercer mundo: pésima educación, escuálidas artes, corrupción extraordinaria, inseguridad pública como en pocos países del mundo, descomposición social irrefrenable…
Recurramos al significado generalmente aceptado de Wikipedia sobre las consecuencias de la pobreza: “se reflejan principalmente en el área psicológica, ya que al no contar con un empleo o los recursos suficientes para sobrevivir, las personas experimentan ansiedad, depresión, inseguridad y baja autoestima, ya que se sienten incapaces de competir por una plaza laboral, y se sienten objeto de rechazo constante; y al tener una peor salud mental merma la salud en general, ya que se puede asociar con enfermedades como diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares”. Los hospitales son insuficientes para atender enfermos de esos males.
El régimen de partidos políticos que ha imperado en nuestro país desde la Revolución tiene actualmente en la pobreza extrema a 8 millones de mexicanos, cerca del 7 por ciento de la población azteca, en cifras reconocidas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía (Inegi).
Municipios del estado de Chihuahua como Guadalupe y Calvo, Guazapares, Chínipas, Batopilas, Ocampo, Carichí, Morelos, Balleza, Bocoyna, Maguarichi y Uruachi, han sido ubicados en extrema pobreza por el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).
Aquí en casa, en Ciudad Juárez, el Inegi ha dado a conocer que habitan cerca de un millón 400 mil personas. De esta cantidad, un pasmoso 37 por ciento, –casi el medio millón–, vive en “condiciones de pobreza”, según estudios del respetable Colegio de la Frontera.
Tenemos en contraste que el sistema de partidos ha alumbrado en 10 décadas una nueva clase de aristócratas al más acabado estilo porfiriano que desde el poder público ha amasado inmensas fortunas que compiten con las cajas fuertes de los hombres más ricos del mundo.
Es tan efectivo –para sus beneficiarios– pero tan contrastante el modelo de “democracia representativa” que una de las mayores riquezas del globo terráqueo, con muchos billones en sus haberes, es poseída por un mexicano; particular, sí, pero incubada desde el poder público. Es la fortuna de Carlos Slim, empresario favorito del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, con más de 70 mil millones de pesos en dinero contante y sonante y bienes inmobiliarios.
La parte que tiene qué ver con la corrupción tosca y vulgar, con el robo descarado y ordinario de los dineros públicos y que nos tiene vergonzosamente ubicados como uno de los países más corruptos del mundo, ha sido un mal enorme para la población, pero es del mismo tamaño o mayor el mal producido por “los acuerdos políticos y consensos” entre los jerarcas de los partidos que son germen de corrupción y “negociaciones” políticas y salariales insultantes, entre ellos mismos, en perjuicio directo de los gobernados.
Un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación percibe cerca de 700 mil pesos mensuales, mucho más de los 300 mil que recibe el presidente de la República; un senador y un diputado federal cobran más de 200 mil pesos mensuales. Los funcionarios del gabinete ganan más de 200 mil pesos también. Un diputado local aparece con 100 mil pesos de sueldo pero las prebendas extras lo llevan a más de 150 mil… los gobernadores ganan más de 200 mil pesos, los alcaldes más de 100 mil, los líderes de los sindicatos igual; los burócratas de primero, segundo y tercer nivel no bajan de 80 mil pesos, más todo lo que hurtan por debajo de la mesa.
Se trata de mucho más dinero del requerido para vivir arriba del promedio, necesario en materia de transporte, alimentación y vivienda. Por eso sostiene Mirone que los viejos revolucionarios están convertidos hoy en una nueva clase burguesa y aristócrata. Las viviendas que habitan son mansiones a todo lujo, los viajes de vacaciones son por cruceros y la alimentación es gourmet.
Todo ese sistema de nombramientos, tabuladores salariales, “compensaciones”, estímulos, etc., se genera entre líderes de los partidos políticos que los representan en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los Congresos de las entidades federativas.
Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo presentado en junio en la ciudad de México reveló que la “alta burocracia” mexicana está convertida en la mejor pagada de América Latina. Sus salarios superan 13 veces el ingreso por habitante y 25 veces la remuneración promedio de los trabajadores del sector formal.
Ese estudio, asegura que el sueldo de la “jerarquía burocrática” ronda los 210 mil dólares anuales, o tres millones de pesos.
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Nuestro sistema de gobierno ya tronó. Nació torcido y jamás se enderezó. A nuestro régimen se le ha dado en llamar partidocracia porque son precisamente los jerarcas de los partidos políticos los que toman las decisiones en “representación” de todos los mexicanos. Ha sido literalmente el fracaso del siglo para nuestra nación. La pobreza extrema, la inseguridad y la violencia son las más dolorosas.
Si la revolución significó una esperanza de mejora, también lo fue la alternancia partidista por ahí de 1988 en adelante. El partido hegemónico y dictador que fue el PRI hasta el final de la década de los 80s hábilmente aceptó compartir el pastel de la República con el PAN, el PRD y alguna chiquillería. PAN y PRI se prestaron entre sí la Presidencia a partir del 2000.
Hoy nos enfrentamos a la misma terrible realidad. La alternancia fue una exquisita fórmula que amplió estrictamente lo necesario los asientos del poder a la clase política y siguió discriminando al resto los mexicanos.
No hubo muestra palpable de cambio en Chihuahua con Barrio; menos con el regreso del PRI y Patricio Martínez, quien violentó los derechos humanos como pocos y se gastó cientos de millones de pesos de los recursos públicos en la construcción de viviendas en áreas inhóspitas e inundables aquí en Juárez. Vicente Fox nos ofreció muchos momentos de risa por sus locas ocurrencias, pero también de vergüenza por su pésimo gobierno.
Felipe Calderón nos mostró cómo no se debe gobernar y Peña exhibe que nada ha cambiado en el PRI; el fraude electoral como parte de la estructura genética, el robo del erario y la indolencia hacia las grandes necesidades de las mayorías. La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, vino a Juárez hace poco a inaugurar un comedor comunitario que a los pocos días fue cerrado. La simulación rampante y ofensiva. Peña ofreció en campaña una frontera abierta y a los pocos meses de tomar protesta aumentó el IVA casi en un 50 por ciento en toda la región fronteriza.
Las agresiones físicas de la izquierda a los “izquierdistas” Alejandro Encinas y Cuauhtémoc Cárdenas, “íconos” de esa corriente ideológica en el país, confirman el hartazgo de la población hacia el inactivismo social de los partidos políticos.
“Los Chuchos”, los Cárdenas, los López Obrador, César Camacho, Gustavo Madero, los Manlios Fabio Beltrones, los H. Álvarez, los Emilios Gamboas, los Montiel, los Peña, Barbosa, los Salinas, los Gordillo, son nombres y apellidos de las tribulaciones que sufre ahora el país. Son culpables de lo ocurrido en Tlatlaya, son los responsables directos de lo acontecido en Ayotzinapa.
La violencia ocasionada por la muerte de estudiantes de Iguala, por la desaparición de 43 normalistas de aquel municipio guerrerense, es adjudicada a corrientes de izquierda pero la indignación generalizada hacia el resto del país y muchos países del mundo no tiene filiación partidista ni ideológica.
Los estudiantes mexicanos han venido abriéndose en apoyo a los de Iguala no sólo por identidad generacional, ni mucho menos por izquierdismo, panismo o priismo, sino porque las condiciones en sus familias, en sus escuelas, en su entorno de gobierno inmediato son muy semejantes a las de Guerrero. Los Ángel Aguirre o los Abarca aparecen por todos los municipios y casi por todos los estados.
Las redes sociales en Chihuahua están que arden de indignación hacia los regímenes municipal, estatal y federal, porque las huellas de los robos son dejadas por todas partes.
Para los estudiantes, para la sociedad en general, no ha pasado desapercibido el golpanazo propiciado por todos los partidos representados en el Congreso del Estado contra una institución que en esencia debiera permanecer limpia de toda contaminación política, el Supremo Tribunal de Justicia. Las burlas y el enojo mayúsculo general no se han hecho esperar.
Ninguna porción del territorio nacional se salva de escenarios idénticos, de Yucatán a Chihuahua, del océano Pacífico al Golfo de México. Los síntomas del hartazgo contra la dictadura de la partidocracia son fehacientes en coyunturas como la masacre de estudiantes.
Los líderes del actual sistema político se regodean porque han venido sorteando exitosamente con malicia, abuso y perversidad las funestas consecuencias de sus actos en contra de la población. Quisieron sostener a Ángel Aguirre y no pudieron; tratan de sostener a Peña y les está saliendo muy caro… ¿se podrán sostener ellos frente a un eventual estallido social del que no parecen estar conscientes pueda ocurrir? La reflexión pueden hacerla mientras colocan ofrendas florales a sus héroes del 20 de noviembre y presiden los desfiles correspondientes.