La consulta del 1 de agosto tiene la ambigüedad propia de la pitonisa del oráculo de Delfos, cuyas frases podían significar cualquier cosa a gusto del intérprete. Por primera vez se hace una consulta popular según las reglas constitucionales y, sea cual sea el resultado, la incorporación de mecanismos de justicia transicional es beneficiosa.

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En principio, el ejercicio de una consulta puede ser un freno para la democracia representativa mexicana, creadora de una élite ejecutiva y legislativa muy alejada y bastante desconectada de su presunto representado, el pueblo. Si bien la consulta no cambia las leyes vigentes, resulta importante sostener un cierto sentido de justicia e intentar la búsqueda de la verdad en un país donde la mentira es la narrativa preferida de la clase política.

En su campaña por la presidencia, López Obrador propuso la reconciliación nacional en la expresión de “olvido no, pero perdón sí”, que los grupos radicales de Morena entendieron como una referencia a los últimos presidentes del país. Pero la mención de “poner un punto final para un nuevo comienzo”, expresada en la toma de protesta del 1 de diciembre del 2018, fue un balde de agua fría para los aliados más radicales, que quieren someter a investigación y juicio a los expresidentes.

La consulta puede alumbrar la creación de una Comisión Nacional de la Verdad, que genere mecanismos contra la impunidad, un punto de partida para la construcción de la paz y la reconciliación del país. La Suprema Corte amplió el sentido político de la pregunta propuesta originalmente para el ejercicio de la consulta, y abrió la posibilidad de incorporar mecanismos de justicia transicional para investigar violaciones de los derechos humanos, un terreno donde entra, de lleno, la clase política.

Parece difícil que voten en esta próxima consulta los 37 millones de ciudadanos que se requieren para que esta sea vinculatoria. Mientras que seguramente los opositores procesarán el resultado como una derrota del presidente, Morena puede carecer de la fuerza suficiente para apropiarse de los resultados y expandir los beneficios de los mecanismos de participación directa.

La consulta puede ser una forma de procesar las diferencias entre los grupos internos del partido que tienen agenda propia, un mecanismo de gobernanza con los aliados que lo llevaron a la Presidencia, y que necesita mantener en su proyecto.

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A López Obrador le gustan las consultas populares y las ha utilizado para los más diversos temas, desde la construcción de dos trenes, pasando por una refinería y diversos programas sociales.

Así lo hizo con el Naicm cuando aún era, formalmente, solo presidente electo. El 29 de octubre de 2018 se daban a conocer los resultados de la consulta popular, en la que el 69.95 por ciento del millón de personas que votaron prefirió que se cancelara el proyecto. La consulta no siguió los lineamientos del artículo 35 de la Constitución y el porcentaje de los asistentes era apenas el 1.2 por ciento del padrón electoral, pero el proyecto quedó cancelado.

En Morelos le tocó el turno a una termoeléctrica y en febrero de 2019 se realizó una consulta con la participación de 55 mil personas. El 59.5 por ciento optó a favor de poner en operaciones la termoeléctrica, a pesar de las denuncias que advertían de un impacto ambiental.

En junio de 2019 se resolvió la cancelación de un Metrobús en la zona de La Laguna, durante un mitin realizado en Gómez Palacio, Durango. Entre algunos cientos de personas presentes, el presidente realizó una consulta a mano alzada y se resolvió el asunto.

En marzo de 2020 se consultó sobre la instalación de una planta elaboradora de cerveza en Mexicali, donde votaron 36 mil 781 personas y un 76 por ciento de ellas rechazó la construcción de la planta, aunque el proyecto ya estaba en marcha.

En cada consulta el presidente era más popular y daba la imagen de frescura y trato directo que había prometido en la campaña. Saltando todos los procedimientos, se comportaba como un líder carismático que resolvía en minutos los problemas heredados del neoliberalismo.

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A partir del 15 de julio el INE aplicó la veda electoral para la consulta popular, y hasta el 1 de agosto se suspenderá la propaganda gubernamental, excepto por temas de protección civil, salud y educación. Si algún partido político, autoridad local o federal y hasta el mismo presidente entrara en incumplimiento, se podrá iniciar una queja de oficio.

El INE tendrá el monopolio exclusivo de la difusión en radio y televisión de los detalles de la consulta popular del 1 de agosto y estará prohibida toda propaganda gubernamental. El presidente López Obrador no podrá hablar del tema. 

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En Chihuahua la idea es rasguñar los 600 mil votos obradoristas de 2018, pero el antecedente más cercano del 6 de junio apenas le aporta 444 mil 308 votos, una diferencia que parece insuperable.

Si la consulta pretende ser vinculante -o sea, de cumplimiento obligatorio para las autoridades- tendría que votar el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. A nivel nacional implica la participación de 37 millones 423 mil 269 personas.

Al presidente López Obrador le parece muy alto ese porcentaje y auspició una reforma para bajar el piso de la votación.

En la consulta popular él no va a votar, pero aclaró que si votara lo haría en negativo, porque no se trata de una venganza. Mirone ya empieza a marearse, aunque supone que López Obrador prefiere dejar a la investidura presidencial fuera de la jugada.

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Los que voten en la consulta popular deben responder a la siguiente cuestión: «¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».

Acciones pertinentes, proceso de esclarecimiento, decisiones políticas, actores políticos… ¿qué significan esas palabras? No se nombra a los expresidentes, no se habla de juicio por delitos cometidos, no se define el periodo de “años pasados”. Los grupos armados al margen de la ley y la delincuencia organizada ¿pueden ser considerados también como actores políticos?

Algunos críticos afirman que la consulta es innecesaria porque la justicia no se pone a consulta. Si un expresidente cometió un hecho punible, que se investigue y sancione. Para ellos la consulta es un distractor y una farsa.

El INE explicó que la consulta busca que la ciudadanía diga sí o diga no a que se lleven a cabo acciones para el esclarecimiento de algunas decisiones políticas tomadas en el pasado. No es una consulta para enjuiciar a los últimos cinco expresidentes, aunque la propaganda de Morena diga lo contrario.

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La primera versión de la pregunta entregada por el Gobierno fue considerada inconstitucional por el máximo tribunal, que formuló otra. Esa versión original decía: «¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?».

La versión final de la pregunta fue formulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de octubre de 2020, cuando declaró constitucional la consulta popular.

El ministro presidente de la SCJN, Arturo Saldívar, aclaró que la consulta no se refiere a los expresidentes y por ello, conscientemente, se redactó en forma ambigua y general. No es una invocación a procesos judiciales, sino a mecanismos no jurisdiccionales que permitan dar salida a conflictos, como las comisiones por la verdad o los instrumentos de justicia transicional.

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La ambigüedad conviene al presidente, porque le otorga un antecedente legítimo para decidir según sus intereses políticos. Le permite maniobrar la agenda y definir los alcances de los resultados de la consulta. Le da popularidad y legitimidad para el endurecimiento de determinados procesos penales contra funcionarios de Gobiernos anteriores, si resulta conveniente o necesario.

En 2022 se realizará el plebiscito sobre la revocación de mandato, un hito importante de su herencia política, para el que la consulta le aporta un blindaje adicional.

En agosto es muy probable que la participación sea baja; sin embargo, permitirá medir la capacidad del núcleo duro del obradorismo, como un recuento napoleónico de la tropa propia.

Aunque no llegue al 40 por ciento vinculante, López Obrador puede capitalizar el sí o el no, porque tendrá en sus manos la posibilidad de llenar de contenido los resultados.

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La iniciativa de consulta popular fue aprobada en el año 2012, pero hasta dos años después se aprobaron las leyes secundarias.

A pesar de su vigencia, el mecanismo de consulta popular no fue utilizado antes y las propuestas de recurrir a él fueron desechadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2014 la SCJN rechazó cuatro propuestas de consulta, entre ellas una sobre la reforma energética de Peña Nieto.

Esta es la primera consulta popular regida por el artículo 35 de la Constitución, organizada por el Instituto Nacional Electoral y respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una iniciativa que fue anunciada en noviembre de 2018, antes de la toma de posesión del cargo. Sin embargo, quedan serias dudas sobre su real alcance vinculatorio, esto es, si sus resultados podrían llevarse realmente a la práctica, aun cumpliendo con el número de votantes requeridos para este efecto.

La Ley Federal de Consulta Popular dice que los resultados serán vinculatorios para los poderes Legislativo y Ejecutivo si vota el 40 por ciento de la lista nominal ya mencionada. El presidente López Obrador pidió a sus legisladores que bajaran el porcentaje mínimo de la consulta para que sea vinculatoria, pero es improbable que llegue a ese piso, al menos en esta ocasión.