Por muchas razones técnicas y científicas, pero sobre todo por actitudes irresponsables, a partir de mañana volvemos al semáforo de control epidemiológico amarillo, y no debe extrañarnos que en enero después de las fiestas y convivios navideños, bajemos hasta el color naranja.

La semana pasada el secretario de Salud del Estado, Felipe Sandoval Magallanes, habló sin rodeos del alarmante incremento en el índice de contagios y adelantó que estamos en presencia de una cuarta ola del Covid-19, porque las medidas de prevención y protección se relajaron en la población.

Estos indicadores al alza, que en las últimas 24 horas registran 300 nuevos contagios con las variantes del Covid-19, coinciden con la reapertura de los cruces, cuando los ansiosos por gastar dólares saturaron los puentes y los outlets, sin respetar los protocolos sanitarios, a pesar de que el territorio texano, incluido El Paso, es uno de los más golpeados por la pandemia.

El hecho de que ahora nos pongan en amarillo no hace gran diferencia con lo que estaba pasando en semáforo verde, por el simple hecho de que a partir de mañana entramos en la temporada de mayor convivencia familiar, de amistad y de comunidad por las posadas y las fiestas navideñas y de fin de año, por lo que el relajamiento se mantiene y sube de tono.

La medida obligará a los restaurantes, antros, bares y salones de eventos a reducir sus aforos, con las consecuencias económicas que les representan en esta temporada, pero no evitarán las reuniones familiares sin control de asistencia en casas, oficinas y salones empresariales.

Los únicos que resultarán ganones en esta nueva fase de restricciones serán los voraces inspectores de Gobernación que le heredó Maribel Hernández al bisoño Alejandro Jiménez Vargas.

Está visto que las revisiones de aforos en estos negocios de convivencia se convierten en oportunidad de extorsiones de los agentes de Gobernación y por consecuencia, ningún beneficio aporta a la sanidad de la población. Sin embargo, nadie los supervisa ni hace caso de los reclamos y quejas del sector, que una y otra vez se ve acosado impunemente, porque los colores de la pandemia se pintan a conveniencia de los políticos, no de la ciencia.

Si como alertó el secretario de Salud, la cuarta ola ya llegó a la entidad, las fiestas de la temporada, las aglomeraciones en las tiendas y los convivios sin sana distancia ni cubrebocas, se convertirán en el mejor caldo de cultivo para comenzar el año con graves problemas de salud pública en la frontera.

No es un pronóstico catastrófico ni fatalista. Es la realdad que nos seguimos negando cuando pensamos que ya volvimos a la normalidad, una normalidad que nunca regresará porque el virus llegó para quedarse y a la menor oportunidad seguirá matando. Así lo han advertido los más atinados científicos y epidemiólogos del mundo, que hasta ahora no se han equivocado en sus predicciones sanitarias.

Por lo mismo, nadie debe sentirse sorprendido cuando al inicio del año, los registros de contagios se vayan al alza, como en esta temporada de reapertura de la frontera, cuando los tiempos de incubación del virus se cumplan y los hospitales que en este momento están al 60 por ciento de su capacidad, comiencen a llenarse.

La sabiduría popular es muy clara: si camina como perro, ladra como perro y come como perro, es perro, no elefante, así de simple.

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Es justo decir que el mérito total de la liberación de los tres agricultores detenidos por el conflicto del agua es totalmente de la gobernadora Maru Campos por sus buenos oficios ante el Gobierno Federal, particularmente ante la Secretaría de Gobernación.

Hacemos esta precisión porque se ha estado mencionando el nombre del Torquemada de Javier Corral, el abogado Maclovio Murillo, en su calidad de representante jurídico de los campesinos, como si hubiera sido un factor determinante para lograr su liberación.

La salida de prisión de Rosendo Lerma, Juan Lechuga y Juan Rivera, fue lisa y llanamente porque el secretario de Gobernación así lo ordenó, para cumplir con el acuerdo del 22 de octubre firmado con la gobernadora.

La participación en el caso del creador de los Expedientes X, se limitó a cumplir con los trámites jurídicos ante el juzgado federal que ventilaba el proceso de los tres campesinos. No tuvo nada que ver en las gestiones ante la Fiscalía General de la República que se desistió de los cargos imputados y mucho menos en la decisión de las oficinas de Bucareli.

Por lo mismo, resultan burdas sus maniobras de empujar su nombre en algunos portales digitales para aparecer como el salvador al lado de Maru Campos.

Abogados que saben del caso, comentaron que el proceso de desistimiento por parte de la Fiscalía General tardó más de lo esperado, y ese tiempo de espera que se abrió, desató la especulación en el sentido de que el acuerdo podría caerse por la oposición del presidente de la República.

Eso permitió que el abogado Murillo se mostrara como el gestor jurídico de la decisión final que ahora tiene a los tres campesinos en sus hogares.

Si algo ha distinguido al abogado Murillo en los últimos años, es su oportunismo para colarse en los círculos del poder. Lo hizo con Javier Corral en la fallida Operación Justicia para Chihuahua y, cuando se le calentó su trabajo por las acusaciones de extorsión que le hicieron algunos duartistas perseguidos, como Marcelo Tachiquín y Jesús Esparza, dio el salto a la Secretaría del Ayuntamiento de Juárez con Armando Cabada.

De ahí brincó como asesor jurídico de la dueña de Bravos y ahora ser aparece graciosamente en el espacio de Maru Campos, como el artífice de la libertad de los productores de La Junta.

En el campo mexicano, este tipo de personas son conocidas como zánganos o tábanos, por su labor parasitaria. Así de simple.

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Después de la humillante renuncia del rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Alberto Fierro, muchos se preguntan si era necesaria tanta rudeza para echarlo de la máxima casa de estudios, porque al final de cuentas le pega también al prestigio de la institución.

La salida de Fierro llegó acompañada de un linchamiento mediático digno de mejor causa, que hace pensar que al frente de la Universidad estaba un bandido o un sicario de la educación, cuando todo lo que se ha dicho hasta ahora es producto de la especulación y el morbo de los gitanos de los cafés.

La renuncia del rector fue festinada y despiadada en la crónica periodística de varios medios, como no lo hicieron ni con el corrupto fiscal César Augusto Peniche. Con Fierro obraron igual que si hubieran recibido consigna de seguir talando el árbol caído, mientras que, con el timorato fiscal, que dejó ensangrentado el estado con la impunidad de más de 12 mil ejecuciones, le permitieron una salida casi en alfombra roja.

Si los pecados de Fierro fueron su cercanía con el corralato y el haber participado en las furiosas embestidas contra Maru, cuando estaba en campaña, bastaba con aceptar su renuncia cuando anunció el fracaso de su modelo universitario de desarrollo sostenible.

No es una defensa, es una simple observación por la crisis que ya produjo una salida tan ruidosa que traerá sin duda consecuencias en el ambiente universitario.

Aunque los autores del linchamiento no lo quieran admitir, el desprestigio a la imagen de Fierro contamina el ámbito universitario, por el simple hecho de que no están corriendo al conserje ni al parquero, sino a la máxima autoridad que por cinco años dirigió la educación de miles de estudiantes, en licenciatura y posgrado,  para bien o para mal.

Si el criterio para satanizarlo fue su pertenencia al grupo del corralato, entonces, ¿debemos pensar que todas las generaciones de profesionistas que terminaron sus estudios en estos cinco años bajo su rectoría tienen menos validez, porque también están contagiadas?

Sería una estupidez pensar con esa lógica, pero esa es la ruta que trazaron los aspirantes a sucederlo, que se vieron muy activos en los medios filtrando la única versión que les convenía, para sepultar cualquier posibilidad de que Fierro se quedará hasta el final de su gestión en el 2022. 

Ahora tendrán que remar contra corriente con un rector interino, sin programa educativo, con mucha incertidumbre en las posiciones de poder y con 30 mil universitarios que no merecen que decisiones políticas se atraviesen en sus programas y calendarios de estudio.