¿Qué pasaría si en estos momentos se realizara una encuesta para medir lo que la gente piensa de hacer obligatoria la aplicación de la vacuna contra Covid-19? Sin duda, la opinión pública se inclinaría a favor de que se legisle para que toda la población cumpla con la obligación de vacunarse y que el Gobierno tenga la capacidad para hacerlo, en virtud de que hasta ahora, el 16 por ciento de los mexicanos no tiene ninguna dosis.

De este porcentaje de no vacunados, el 13 por ciento rechaza por completo la inmunización por cuestiones religiosas y políticas, pero sobre todo, por concepciones sobre la propiedad del cuerpo y los límites que tiene el Estado frente a esta.

Si hablamos de millones de personas no vacunadas que se mueven libremente por el país, exponiéndose al contagio y a la transmisión que generan en cada paso que dan, estamos ante un escenario de riesgo permanente que nunca nos permitirá alcanzar la inmunidad de rebaño que están buscando las autoridades sanitarias, para controlar la reproducción del virus y sus variantes.

En el caso del estado de Chihuahua, los contagios siguen al alza, como lo muestra el comportamiento de la pandemia en Juárez, donde en el transcurso de un mes, de noviembre a diciembre, se registraron 853 nuevos casos de Covid-19, según los datos de la Secretaría de Salud.

Por todo ello, comienzan a surgir iniciativas en México y en el mundo, las primeras en voz baja y las segundas a grito abierto, sobre la necesidad de hacer obligatoria la vacunación, antes de que los agotados sistemas de salud vuelvan a colapsar por la saturación de pacientes como ocurrió en el 2020.

Aquí es donde la marrana torció el rabo, como dicen en el rancho, porque los derechohumanistas sostienen el principio de que ninguna ley puede pasar por encima de los derechos fundamentales de las personas y entonces, al que no quiera vacunarse, nada ni nadie podrá obligarlo, aunque se trate de un asunto de salud pública.

El tema ya es materia de análisis en los organismos internacionales, que no ven otra forma de parar la pandemia, que obligando a la vacunación de todos los ciudadanos, aunque en muchos países del tercer mundo no tienen ni para comer, mucho menos tendrán los recursos para comprar la primera dosis anti-Covid.

De acuerdo con un ensayo publicado por la revista científica inglesa The Lancet y firmado por Jeffrey Rey, Octávio Luiz Motta Ferraz y Andrés Jones el 9 de diciembre, el Gobierno austriaco presentó un proyecto de ley ante el parlamento que impondría un requisito obligatorio de vacunación contra el Covid-19 para todos sus residentes. Esta medida siguió al anuncio del primer ministro griego, de imponer multas a los residentes de 60 años o más que no se vacunen.

Muchas otras naciones están contemplando mandatos similares o han adoptado mandatos en ciertos entornos de trabajo como Australia, Brasil, Canadá, Francia, Indonesia, Italia y el Reino Unido.

El estudio revela que algunas personas se resisten a los mandatos de vacunación por motivos pragmáticos, religiosos o políticos, o porque tales mandatos podrían disminuir los niveles de personal de atención médica.

Sin embargo, la vacunación obligatoria también tiene oposición oficial, por ejemplo, del secretario de Estado de Salud y Asistencia Social del Reino Unido, Sajid Javid, quien le dijo a la BBC el 10 de diciembre de 2021, que pensaba que la vacunación obligatoria es «poco ética».

Aunque se ha soltado la polémica internacional en el sentido de que la vacunación obligatoria viola los derechos humanos, en opinión de los autores del ensayo, ese criterio es erróneo, al menos en lo que respecta al derecho constitucional internacional y comparado.

Así lo explican los investigadores: “Nuestra opinión se basa en una extensa discusión y análisis realizado como parte del proyecto Lex-Atlas: Covid-19, una red mundial de juristas que está produciendo y curando el Oxford Compendium of National Legal Responses to Covid-19, de acceso abierto”

Según este proyecto, 50 juristas de la red adoptaron principios sobre la legalidad y constitucionalidad de la vacunación obligatoria en octubre de 2021, donde concluyeron que la vacunación obligatoria y el derecho de los derechohumanistas son compatibles en principio y que existe un caso convincente, basado en los derechos, para que un estado tenga el deber de considerar la adopción de la vacunación obligatoria.

El extenso documento del 23 de diciembre de Lancet, establece que “los requisitos de vacunación obligatoria deben diseñarse con sumo cuidado, aunque no hay razón para pensar que son intrínsecamente incompatibles con el derecho de los derechohumanistas”.

Terminan citando que «la inmunización es y debe ser reconocida como un componente central del derecho humano a la salud y una responsabilidad individual, comunitaria y gubernamental”.

Habrá que esperar quién se avienta ese trompo a la uña en México, para que la vacunación se convierta en ley sanitaria obligatoria, como otras inmunizaciones que ya son tradicionales en nuestro sistema de salud contra el tétanos, difteria, tosferina, hepatitis y la triple vírica, contra el sarampión, la rubeola y la parotiditis.

Indiscutiblemente que la iniciativa desatará mucho debate, pero si se discuten estupideces que nada tienen que ver con la salud pública y mucho menos con el peligro que representa el Covid-19 y sus variantes, vale la pena que los partidos y sus legisladores se pongan a trabajar antes que sea demasiado tarde.

Y que conste que este tema no tiene nada que ver con el día de los santos inocentes.

………………

Nuevos elementos de prueba que podrían hundir a dos importantes impulsores de la Operación Justicia para Chihuahua, podrían salir a la luz en las próximas horas.

Según el priista Fermín Ordóñez, el comandante en jefe de la dichosa operación, Francisco (Paquito) González y la agente del Ministerio Público consentida de Javier Corral, Beatriz Aréchiga, trabajaron en mancuerna en la falsificación de recibos de la nómina secreta, los que sirvieron para inculpar a Maru Campos en el caso.

Incluso se señala que ambos personajes fueron los que presionaron al director en ese entonces del Registro Público de la Propiedad y el Notariado, Daniel Olivas, para llevar a cabo esas modificaciones, con la promesa de que tendría la notaría que tanto ambicionaba.

No es la primera vez que González y Aréchiga son puestos en entredicho ante la opinión pública. En varios casos de imputados en los Expedientes X, los acusados declararon que hubo coacción de parte de ellos para armar casos e inventar declaraciones.

Uno de estos afectados por los mañosos corralistas fue Fernando Reyes Ramírez, quien en 2017 fue imputado por el delito de peculado. En su defensa, el exdiputado local denunció que durante su proceso fue víctima de violencia psicológica.

Relató que en muchos momentos fue presionado para declarar cosas que evidentemente no eran ciertas y denunció que la Administración de Javier Corral propuso el esquema de testigos protegidos, para quienes verdaderamente incurrieron en la comisión de delitos y se les permitió impunidad.

El 14 de septiembre de este año, el exlegislador presentó una denuncia por la posible comisión de delitos en el ámbito de la procuración de justicia.

Paquito, el jefe de la operación corralista, ganó notoriedad como jefe de algunas operaciones antisecuestro en la administración de Duarte. Luego vendió sus amores al exgobernador Corral, quien lo tomó como punta de lanza de la Operación Venganza, perdón, Justicia, con un sueldo envidiable para encabezar todas las redadas contra los duartistas.

Hoy ambos están entre la espada y la pared por las denuncias que preparan en su contra, los abogados de quienes sufrieron en carne propia la persecución y el encierro en el penal de San Guillermo.