Después del acto de represión cometido por el Gobierno Municipal de Cruz Pérez Cuéllar en contra de manifestantes que expresaban su repudio hacia su gestión y su candidatura, los partidos políticos y su coalición quedaron de sobra.
Ahora, la disputa ya no está entre Morena o la 4T y la coalición PRIAN-PRD, sino entre los mismos morenistas que no quieren ver a Pérez Cuéllar en la boleta electoral como candidato a alcalde.
Quienes se presentaron el domingo 25 en el fraccionamiento El Campestre a manifestar su repudio hacia la administración crucista son morenistas o, en el menor de los casos, veteranos activistas de izquierda que, en otras condiciones, podrían haber apoyado la campaña de otro tipo de candidato a la presidencia municipal.
Las voces más fuertes que se hicieron sonar desde el domingo y durante el pasado lunes, en contra de la acción policial contra ocho manifestantes, fueron activos destacados del mismo morenismo.
Ahí estuvo el posicionamiento de Juan Carlos Loera de la Rosa, candidato al Senado de la República por Morena, quien publicó un mensaje en su cuenta de Facebook, en el que expresó: “Condeno enérgicamente la agresión y arresto con expreso abuso de la fuerza pública, contra compañeros activistas que se manifestaron contra el alcalde de Ciudad Juárez”.
En el mismo “post”, mostró imágenes del momento cuando la actriz Perla de la Rosa –por cierto, su prima– era detenida por una agente de la Policía Municipal.
No hay ni para dónde: son morenistas contra ellos mismos.
Tanta es la localización del conflicto, que las críticas procedentes del mismo interior del partido guinda fueron mucho más ácidas que los lugares comunes expresados por el panismo o que el pronunciamiento recalcitrante del estrambótico Francisco “Pancho Pistolas” Sánchez.
La síndica municipal, Esther Mejia, publicó la clásica aclaración que nadie pidió, donde negó haber sido ella quien le permitió al grupo anticrucista entrar al fraccionamiento multicitado.
No está de más recordar que Mejía llegó al cargo postulada por Morena, y que, desde ese punto, ha hecho graves señalamientos contra el Gobierno de Pérez Cuéllar.
Así, en esas trazas, el morenismo y, en general, la 4T juarense saldrá el próximo mes de abril a hacer campaña y a pedir el voto para repetir como Gobierno municipal, y para reelegir a sus diputados locales.
A ellos sí que se les puede aplicar aquello de que: “con esos amigos, para qué necesitas al PRIAN”.
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El alcalde Cruz Pérez Cuéllar redujo el conflicto suscitado a las puertas del fraccionamiento donde vive a un “problema vecinal”, como si se tratara de una de esas discusiones tan comunes en las que el uno le pide al otro que le bajen a la música “o le llamo a la Policía”.
En una declaración pública –otra más de sus desafortunadas intervenciones cuando trata de atajar los problemas que se le vienen encima– dijo que no fue otra cosa que un “relajo cualquiera”.
A eso redujo la detención, mediante el uso de la fuerza, de ocho manifestantes que se presentaron el domingo pasado a expresar su rechazo a la gestión del alcalde de Juárez, sin importar que fueran militantes o simpatizantes de Morena, o que algunos fueran personas de la tercera edad.
El problema va mucho más allá del dime-direte al que quiere reducirlo Cruz.
En su misma declaración pública, culpó a la síndica, María Esther Mejía de haber abierto la puerta del fraccionamiento a los manifestantes.
Ahí salió el peine. No era entonces un “bájenle a su ruido” ni mucho menos.
Era el crujido de un conflicto que se ha dado entre la síndica y el alcalde, ambos de Morena, prácticamente desde que iniciaron su gestión, hace casi tres años.
Apenas en diciembre pasado, María Esther Mejía presentó una denuncia contra Hugo Vallejo Quintana, colaborador de Cruz en la Dirección de Desarrollo Social, por presuntos actos e irregularidades que podrían dar paso a sanciones de tipo penal.
De ahí en adelante, todo ha sido desencuentro.
El pleito ha llegado incluso a las sesiones de Cabildo, como la celebrada el 13 de diciembre pasado, donde la síndica señaló fallas e irregularidades en la entrega de 130 millones de pesos para el mantenimiento de escuelas públicas.
Recientemente, la síndica anunció que presentaría otra denuncia contra la administración de Cruz –¡y qué cruz la que cargamos los juarenses!– por haber autorizado la instalación de la casa de cambio “Dollar 2 Go” en el parque El Chamizal.
El tira-tira no ha parado y amenaza con extenderse hasta abril próximo, cuando ambos salgan a la calle a pedir el voto para repetir en el cargo.
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Mientras en la Universidad Autónoma de Chihuahua se truenan los dedos y se muerden las uñas por aquello de que lleguen a proceder los amparos en contra del pago de cuotas de inscripción, en la UACJ no se van a dormir tan tranquilos, porque también les puede caer ese chahuistle.
Enterados del tema nos comentan que el decreto mediante el cual se otorgó la educación gratuita para el nivel superior afectaría a cualquier universidad pública del país y, por supuesto, del estado.
Hasta este lunes, no se tenía conocimiento de la aparición de recursos jurídicos contra los cobros de la UACJ, como ya los hay en la UACH, pero la universidad juarense no está vacunada contra esa amenaza.
Desde ya, se ha advertido del severo golpe que representaría para las universidades públicas del país el dejar de percibir los ingresos por cobro de colegiaturas y quedar a expensas de lo que les llegue a enviar el Gobierno Federal.
Para darnos una idea: el presupuesto de la UACJ, el anual, asciende a 420 mdp, según datos de la Auditoría Superior del Estado, la ASE.
Con cifras al 2020 –valdría la pena que la ASE nos explique por qué no tiene aún las del 2021 y las del 2022– se puede apreciar que la universidad juarense depende en un 9.2 por ciento de sus ingresos propios, que provienen, a su vez, de cobros de inscripciones y colegiaturas.
Siguiendo con el informe de la ASE, son 193 millones 51 mil 325 pesos los que ingresa por concepto de cuotas de inscripción, colegiatura escolar, cursos de verano de licenciatura, exámenes extraordinarios y exámenes Exhcoba.
El resto del ingreso proviene del subsidio federal: más de mil millones de pesos; subsidio estatal, cerca de 500 millones, y el Impuesto Universitario, otros 350 mil.
Es decir, que nuestra “Uni” tiene menos ingresos propios que la UACH, la cual alcanza los 400 millones al año, según la ASE.
Dejar de cobrar esas cuotas podría representar, nos comentan enterados, un duro golpe ya no solo a las dos universidades autónomas, sino también a las tecnológicas que hay en el estado y a la Politécnica Nacional, todas ellas, del orden público.
No es gratuito que el alma de la educación superior esté en vilo, colgado del bamboleante tendedero de la justicia federal.
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Tal parece que la moda de viajar lo más lejos posible para buscar soluciones a problemas que tenemos frente a la nariz sigue en boga y ya no le cae el saco únicamente al rector de la UACH, Luis Alfonso Rivera Campos, un auténtico “agente viajero” a costillas del presupuesto.
No, ahora va Mario Mata Carrasco, el presidente de la Junta Central de Aguas, nada menos que a Inglaterra, para ver qué información se le pega para aplicar medidas de emergencia acá en su tierra, ahora que la sequía va a pegar, pero en serio.
El político deliciense anunció ya que viajará a Londres para participar en la “Global Water Summit”, un encuentro “de clase mundial” donde estarán unos 300 especialistas en temas hídricos para hablar sobre suministro y saneamiento de aguas.
¡Qué padre! Y ojalá nos mande una postal de Abbey Road o del Palacio de Buckingham, pero que regrese pronto, porque acá lo esperan muchas obras que ya llevan años de retraso.
Ahí está la obra sobre el Arroyo de las Víboras, de Ciudad Juárez, que ya lleva tres años de retraso.
La obra tiene un presupuesto autorizado de 500 millones de pesos y cuenta con el aval de la Secretaría del Medio Ambiente, la Semarnat, y la Conagua.
El aval ahí está, nada más falta empezar a hacer la obra, pues.
Se trata de una obra de canalización de 4 mil 709 metros de largo sobre el arroyo Las Víboras, el cual suele llenarse hasta el tope cuando cae la lluvia sobre Ciudad Juárez.
Mejor tema sobre saneamiento de aguas no puede tener el viajero funcionario.
En septiembre del 2021 se firmó el “Convenio de Apoyo Financiero” (CAF), según el cual, la JCAS debió emitir la convocatoria a la licitación para la construcción de las presa del 10 de enero del 2022.
Pero es hora que no arranca y pues, a ver si en Londres pesca datos de cómo comenzar a poner los tubos en Las Víboras.