Los afanes de control político en el Poder Judicial recorren todo el país, aunque vulnerar la independencia de los poderes constitucionales implique una clara regresión autoritaria.

Chihuahua no es la excepción y hoy enfrenta un capítulo en su historia política que no deja bien parada su vocación democrática.

Un cuestionado proceso de selección de siete magistraturas vacantes en el Tribunal Superior de Justicia del Estado avanza parcialmente, aunque está detenida, por la vía del amparo, la definición última que corresponde por ley al pleno del Congreso del Estado.

La reforma eliminó los concursos de oposición. Por eso se le consideró regresiva desde junio de 2022 cuando 11 de los 33 diputados del Congreso (todo el bloque morenista) promovió una acción de inconstitucionalidad contra la nueva legislación publicada en el Periódico Oficial del Estado el 1 de junio de ese año.

En su momento se reclamó su invalidez por transgredir preceptos constitucionales y convencionales, en relación a principios de autonomía e independencia judicial, división de poderes, derecho a la seguridad jurídica, además de incumplir con el principio de progresividad de los derechos.

Pero sin importar que ese recurso estuviera pendiente de resolver por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la convocatoria se publicó el pasado 16 de noviembre.

El documento lo firmaron los tres integrantes de la Comisión Especial que, conforme a la reforma controvertida, asumen el control total del proceso de selección, representando a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Discrecionalmente, los tres funcionarios firmantes, Andrés Alfredo Pérez Howlet (un funcionario de la Secretaría General del Estado, José Alfredo Chávez Madrid (diputado coordinador del grupo mayoritario del PAN) y José Alfredo Fierro Beltrán (magistrado del TSJE) definieron un reparto de las salas para cumplir la criterios de paridad de género, reservando cuatro salas para mujeres y tres para hombres.

Sin embargo, al mismo tiempo se aplicó otro criterio de manera discrecional para dejar cuatro de las salas a personas externas al Tribunal Superior de Justicia del Estado, es decir, sin carrera judicial y tres de los espacios vacantes para quienes ya forman parte del Poder Judicial.

Esta última consideración está en el centro de varios amparos promovidos por juezas que integran la estructura judicial y consideraron vulnerados sus derechos a participar en el proceso para convertirse en magistradas.

Así realizaron la división los integrantes de la Comisión Especial que en la práctica política vigente, recibieron el aval de la titular del Ejecutivo para desempeñar ese encargo: para mujeres externas la Primera Sala Regional en Distrito Bravos, con sede en Ciudad Juárez. Para hombres integrantes del Poder Judicial estatal se seleccionó la Octava Sala Civil en Distrito Morelos, con sede en Chihuahua.

La Segunda Sala Penal Regional en Distrito Bravos se reservó para mujeres externas y la Cuarta Sala Penal Regional también en Juárez, para hombres internos.

La Quinta Sala Penal en Distrito Morelos, también quedó para mujeres externas y la Primera Sala Familiar en la misma ciudad de Chihuahua, para mujeres que ya forman parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Por último, la Sala Civil Regional en Distrito Hidalgo se seleccionó para hombres externos.

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El 23 de noviembre el Tribunal Superior de Justicia publicó el listado de 95 personas inscritas en total para las siete salas vacantes. La mayoría fueron externas, sobre todo a partir de una participación extraordinaria en la única sala de las tres correspondientes al Distritos Bravos que se reservó para hombres. En esa Cuarta Sala Penal Regional se anotaron 38 aspirantes externos.

El 24 de noviembre se hizo público que un juez federal concedió la suspensión provisional en Juicio de Amparo a la jueza penal del Distrito Morelos Alejandra Ramos Durán. Ramos Durán solicitó la protección de la justicia federal por considerar que en un acto discriminatorio y violatorio de la independencia judicial, se le excluyó de su derecho de participar por la magistratura que se reservó a candidaturas de mujeres externas al Poder Judicial, considerando lo establecido en la convocatoria para la Quinta Sala Penal Regional.

El mismo 24 de noviembre se dio un paso más y, conforme a la convocatoria y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la Comisión Especial remitió al Congreso del Estado la lista con las ternas seleccionadas bajo criterio de sus tres integrantes para cada una de las salas.

Cuando la jueza adelantaba acciones legales, planteó una crítica al proceso: “En mi estado eliminaron el concurso de oposición para sustituirlo por la conformación de ternas a cargo de un representante de cada poder, quienes las remitieron al Congreso sin fundamentación y motivación alguna”.

La juzgadora también escribió que “aunque pierda batallas y la violencia escale, me niego a ser una simple espectadora de los ataques a la independencia judicial. Sin independencia judicial, no hay justicia, y sin justicia, no hay democracia”.

Cuando trascendió el primer amparo, se habló de que la suspensión provisional tenía el alcance únicamente de frenar la votación en el Pleno por lo que el proceso de selección podía continuar. Después se señaló que suspendería la votación pero únicamente para la selección en la Quinta Sala Penal Regional.

El 5 de diciembre se desahogaron también las comparecencias de 18 aspirantes en seis de las siete salas, ya que la Segunda Sala Penal Regional del Distrito Bravos, la cual había sido reservada para mujeres externas, se declaró desierta. Ahí hubo nada más tres registros y la Comisión Especial informó que una de las tres aspirantes no cumplió con los requisitos, por lo que resolvieron no continuar el proceso con las otras dos aspirantes.

Para entonces se hizo público que habían procedido más amparos tramitados por la propia jueza Ramos Durán y al menos uno más de la jueza jueza Décimo Familiar por Audiencias, Sabela Patricia Asiain Hernández. La juzgadora también reclamó el que se le haya conculcado su derecho a participar en el proceso, cuando la Octava Sala Civil Morelos se reservó exclusivamente para hombres externos al Tribunal Superior de Justicia. 

La semana cerró con la noticia de que la justicia federal concedió la suspensión definitiva en la primera solicitud de amparo y en posteriores recursos que ampliaron el recurso a otras salas del Poder Judicial, lo que implica que tendría que cancelarse la elección por parte del Congreso, hasta que se resuelva el fondo del asunto.

“Una vez más, el PJF garantiza el estudio de las múltiples violaciones a la independencia judicial que caracterizan al procedimiento de selección de magistrados y magistradas del Poder Judicial del Estado Chihuahua”, señaló la jueza Ramos  cuando informó de la suspensión definitiva.

Correspondió al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa ampliar los efectos del amparo otorgado a la jueza de control en el Distrito Bravos, aunque en el Congreso del Estado todavía había incertidumbre este fin de semana, respecto al alcance de la resolución.

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El debate legal por los juicios de amparo o por la acción de inconstitucionalidad pendiente de resolver es todo un tema. También lo es la técnica legislativa aplicada para la reforma del 2022 o el debido proceso en torno a la convocatoria y los dictámenes de la Comisión Especial que sin razonamiento excluyeron de las ternas a 77 aspirantes.

Sin embargo, lo que al final de cuentas es más preocupante, es cómo se avanzó en el proceso para materializar el fundado temor de que los concursos de oposición se hayan eliminado precisamente para facilitar el control político del Poder Judicial a través de la entrega de magistraturas a quienes están cerca del poder y se les pueden cobrar facturas en el futuro, sin importar que sean lo más capaces o calificados para el cargo.

Hay un caso emblemático al respecto. María Ávila Serna, la exdirigente del Partido Verde y ahora delegada de Movimiento Ciudadano en Chihuahua, está en la terna para la Primera Sala Civil Regional, no por su experiencia profesional en la materia en la cual pretende impartir justicia, sino por las relaciones que tejió en el ejercicio de la política.

No tendría la posibilidad de convertirse en magistrada si las reglas del juego no se hubieran modificado, eliminando la progresividad en los instrumentos que pueden garantizar que los mejores lleguen a los cargos más importantes.

La polémica se ha incrementado en torno a todo el proceso de selección por lo previsible que fue anticipar quiénes aparecerían en algunas de las ternas, precisamente por sus antecedentes de operación política o cercanía con actores vigentes en el ejercicio de poder, más que por sus logros en anteriores cargos. Hay experiencia en cargos públicos en algunos de los externos, pero en su momento también se atribuyeron esas posiciones al partido hegemónico en turno o al reparto de cuotas partidistas.

Por eso no es extrañó tampoco que Julio César Merino apareciera como finalista en la terna para la Sala Civil y Familiar Regional Hidalgo, con sede en Parral. Conoce de leyes aunque su especialidad es la materia electoral. Fue funcionario del Instituto Estatal Electoral y luego magistrado del Tribunal Estatal Electoral. Ejerció mayormente en tiempos de dominio priista en el estado, aunque siempre estuvo cercano al PT de la familia Aguilar.

Incluso cuando se habla de las salas reservadas para aspirantes internos, hay claros favoritos si se atienden las historias personales de quienes han estado o están más cerca del poder político.

Ese es el caso del exdiputado priista Fernando Mendoza Ruiz, como aspirante por la Octava Sala Civil en Distrito Morelos. Es parte del Poder Judicial porque lo impulsó como secretario proyectista de la Primera Sala Civil, el exgobernador César Duarte, luego de que se desempeñó como diputado en la primera mitad de aquel sexenio. En un movimiento que debió pasar por la aprobación política del Ejecutivo en noviembre del 2021, Mendoza fue nombrado secretario general del Tribunal Superior de Justicia por parte de la actual presidenta, Myriam Hernández.

Así se perfilaron otros aspirantes desde antes de que se conformaran las ternas. Se preveía que en la Cuarta Sala Penal aparecería el nombre de José Caín Lara Dávila y así ocurrió. Con independencia de la idoneidad de su perfil, se señaló en su momento como favorito por su relación personal con el consejero de la Judicatura Luis Villegas Montes, quien de alguna manera llegó como magistrado al Poder Judicial como cuota para el PAN en otro proceso de renovación ocurrido en el sexenio duartista.

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Apenas en noviembre de este año, la organización México Evalúa, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer publicó un estudio que concluyó que en los poderes judiciales locales, en la norma y en los procedimientos, las garantías de independencia judicial no pasan del nivel básico.

Encontró que en los estados se han impulsado e incluso aprobado reformas que ponen en riesgo el funcionamiento e independencia de los poderes judiciales.

En el documento se hizo referencia al caso de Chihuahua, en torno a la reforma ya señalada.

“En Chihuahua, en 2022 el Congreso del estado aprobó una reforma a la Constitución local presentada por el coordinador de la bancada del PAN que representaba un retroceso y amenaza a la independencia judicial porque sustituía el proceso de designación de magistradas mediante un concurso, por uno politizado, donde una comisión conformada por una persona representante del Poder Ejecutivo, una del Legislativo y una del Judicial propone una terna al legislativo”, indica el documento.

En el monitoreo de México Evalúa se encontró un patrón preocupante en los procesos de designaciones en Poder Judicial: falta de objetividad, de criterios meritocráticos, de transparencia y de participación ciudadana.

“La carencia de estos elementos facilita la captura política de cargos clave”, concluyó la organización que se identifica como un centro de pensamiento y análisis que se enfoca en la evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental para elevar la calidad de sus resultados.

Lo que se compromete cuando se imponen criterios de control o de favorecimiento político es esencial para la administración de justicia: la independencia de los juzgadores.

Además, la independencia judicial adquiere otra dimensión que va más allá de convertirse en garantía para las personas juzgadoras o en blindaje ante las presiones externas. Lo verdaderamente importante es que esa independencia se traduce en garantía de una resolución imparcial en favor de los justiciables.