Aunque no dejan de ser especulativos en este momento, no son nada benignos ni prometedores los escenarios para Ciudad Juárez ante el triunfo de Donald Trump en la elección presidencial de Estados Unidos.

El panorama es más bien oscuro en distintos sentidos. Principalmente se esperan sacudidas violentas en las políticas económicas y migratorias que colocan a nuestra frontera como emblemático punto en el que se podrían concentrar los efectos adversos de un cambio radical.

Desde campaña, Trump lanzó varias amenazas, entre ellas el cierre de la frontera, incrementar aranceles, un plan de deportación masiva y la revisión del Tratado Comercial T-MEC.

La mexicana es la comunidad extranjera más grande de todo Estados Unidos y difícilmente habrá una relación bilateral que impacte más a Estados Unidos que sus vínculos con México, ya que no hablamos únicamente de lo económico, sino de lo social a partir de las enormes conexiones entre familias de ambos países.

La mano de obra mexicana y sus exportaciones empujan a la economía de Estados Unidos y México depende todavía más de esa relación. Estados Unidos es su principal socio comercial y concentra más de las tres cuartas partes de las exportaciones del país (casi el 80 por ciento).

Hay temor y desesperanza en un amplio sector de la comunidad juarense porque ya se conocen aquí los impactos que los cierres en la frontera pueden generar, ya sea cuando se ha frenado el flujo de tráileres con mercancías en los cruces internacionales, cuando se cancelan los programas de asilo en Estados Unidos o cuando se endurece la contención a la migración ilegal.

Si a los amagos antiinmigrantes y proyectos proteccionistas de Trump se suman los afanes igual de radicales del Gobierno de Texas con su colega republicano Greg Abboyt a la cabeza, el desasosiego es mayor. Los radicalismos están más empoderados que nunca.

El colapso de la movilidad y las pérdidas millonarios en la industria (y el sector que le da servicio) ante el estrangulamiento de la frontera, incluso ha coincidido ya con la crisis humanitaria generada no únicamente por el taponamiento al flujo migratorio hacia el norte, sino por la expulsión simultánea hacia el sur, tanto por deportaciones exprés como por los rechazos a quienes se les abre un proceso migratorio.

Pensar en una escalada de restricciones hacia niveles no conocidos, con el cierre literal de la frontera al flujo migratorio que históricamente nunca se detiene, aunque temporalmente se retraiga, podría ser devastador para esta frontera que no termina de construir un modelo de gobernanza migratoria.

Más negro sería el escenario si la actividad económica local avanzara en su contracción y cerraran plantas afectadas por los eventuales aranceles que amaga Trump con imponer a las empresas que prefieren producir en este lado de la frontera, en lugar de hacerlo en Estados Unidos.

Va especialmente contra los tigres asiáticos que como parte de la tendencia global del nearshoring prefieren instalar sus plantas en fronteras como la juarense, precisamente para garantizar su cadena de suministro y no pagar altos aranceles bajos las reglas actuales, esas que el presidente electo de Estados Unidos planea modificar.

La mayoría de los votantes, incluyendo a los latinos, favorecieron a Trump convencidos de que puede solucionar sus grandes problemas nacionales en el nivel micro, es decir en lo que viven cotidianamente, más allá de los datos macroeconómicos.

Vinculan su condición actual a su porosa frontera sur y la afluencia de migrantes. Lo mismo si se trata de inseguridad que de desempleo o de empleo mal pagado.

Y justo en el centro de esa frontera por donde creen que cruzan todos sus males, está Ciudad Juárez, con su perenne flujo migratorio y su economía tan dependiente de la industria maquiladora de exportación, diseñada y operada siempre en función de lo que necesita o deja de necesitar Estados Unidos.

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Hay muchos indicadores de esa gran dependencia económica que Juárez en lo particular y Chihuahua en lo general, mantienen con Estados Unidos.

El 60 por ciento de los empleados juarenses están en la manufactura de las empresas transnacionales asentadas aquí, precisamente para reducir sus costos, de acuerdo con datos del Bloque Empresarial Fronterizo.

Está Juárez por encima del promedio general fronterizo que incluye a 17 ciudades de México que tienen al 44 por ciento de sus empleados en el interior de las naves de la industria maquiladora.

En el centro de la estrategia económica de Donald Trump está la industria automotriz. Para lograr que las plantas productoras se instalen en Estados Unidos, amenazó con un arancel de 25 por ciento a todos los autos que se fabriquen en México. Ya más cerca de la elección, el hoy presidente electo amplió el amago del arancel a todo tipo de importación “si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que entran a nuestro país”.

La industria automotriz es preponderante dentro del esquema maquilador en todo México.

Chihuahua es líder nacional en inversión extranjera directa en ese sector. El estado es el cuarto exportador de autopartes a nivel nacional, con un promedio anual de más de 12 mil millones de dólares. Juárez aporta la mayor parte.

En nuestra tierra se fabrican arneses, vestiduras, bocinas, asientos, radiadores, filtros, faros de luz, sistemas de clima, sensores, conectores, bolsas de aire, bombas de gasolina, motores, volantes, y rines de aluminio, entre otras partes automotrices.

En general, México ha superado a China para convertirse en la mayor fuente de importaciones en Estados Unidos, por eso es la economía más expuesta a los aranceles del republicano.

El presidente electo también ha amenazado con imponer aranceles del 100 por ciento, o incluso del 200 por ciento, a los vehículos importados de México.

La industria asentada en México exporta casi 90 mil millones de dólares en vehículos terminados a Estados Unidos, lo que representa alrededor del 5 por ciento del PIB de este país.

De acuerdo con distintos analistas, concretar una medida arancelaria de esas dimensiones también podría perjudicar a las empresas y a los consumidores estadounidenses, dado lo profundamente conectadas que están las cadenas de producción entre México y Estados Unidos.

Creen que, si se ponen aranceles del 25 por ciento a todo lo que se exporta desde México hoy, se causaría un choque inflacionario en el mercado estadounidense, por lo que no lo consideran viable.

Sin embargo, el temor de que se aplique es real ya que en general hay coincidencia en que el Trump de hoy está más empoderado que el que ganó en 2016, además de que sabe que para continuar con su movimiento reconstructor del país más allá de cuatro años, debe de cumplir con lo prometido, ejecutando las acciones que dijo que implementaría como alternativas para mejorar la economía.

Aunque en 2026 está prevista una revisión de Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, Trump ha planteado que buscará una renegociación.

“Al asumir el cargo, notificaré formalmente a México y Canadá mi intención de invocar la cláusula de renegociación de seis años del T-MEC (…) Y buscaré nuevas y sólidas protecciones contra el transbordo, para que China y otros países no puedan contrabandear sus productos y autopartes a Estados Unidos libres de impuestos a través de México, en detrimento de nuestros trabajadores y cadenas de suministro”, dijo antes de la elección.

Su tono radical preocupa a México porque las propuestas de campaña podrían convertirse en acciones de gobierno, pero más inquietan a quienes residen en la frontera porque ya han vivido en carne propia las consecuencias, tanto de los acuerdos como de los diferendos entre ambos países respecto a las políticas migratorias.

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Trump ha asegurado que sellará su frontera con México y solo se permitirá el ingreso de personas de forma legal o regular.

“Vamos a sellar nuestras fronteras y vamos a tener que dejar a la gente que entre en el país. Queremos que la gente regrese. Tenemos que dejarlos regresar, pero lo van a tener que hacer de manera legal. Tienen que venir, pero de manera legal”, dijo el presidente electo.

Ante la amenaza, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró que el Gobierno mexicano ha logrado una disminución de 75 por ciento del flujo migratorio en la frontera compartida y también tiene acciones contra el tráfico de drogas.

Donald Trump usó como bandera para regresar a la Casa Blanca, sus posturas agresivas en contra de México respecto al comercio, la inmigración y el narcotráfico.

También prometió en campaña que terminará de construir el muro en su frontera sur.

En el gobierno de Bill Clinton se construyeron 100 kilómetros de muro, en el de George W. Bush 781 kilómetros, en el de Barack Obama 222 kilómetros y en el de Donald Trump 386 kilómetros más.

En total se han construido mil 488 kilómetros de muro, aunque la frontera es de 3 mil 141 kilómetros. La frontera entre Estados Unidos es la número 10 en el mundo en cuanto a su extensión.

Trump propuso además una deportación masiva de los migrantes no legales que se encuentren en territorio estadounidense.

“Empecemos con un millón de personas”, dijo en su momento su compañero de fórmula como vicepresidente James David Vance, el senador y exmarine caracterizado por sus posiciones conservadoras.

Aproximadamente, 11 millones de migrantes indocumentados viven en los Estados Unidos. Unos cuatro millones serían de origen mexicano.

Si los migrantes mexicanos fueran regresados de golpe a nuestro país, se desplomarían las remesas de hasta 65 mil millones de dólares anuales, otro impacto devastador para México, ya que constituyen una de sus fuentes de ingresos más importantes.

Los cruces ilegales en la frontera están en sus niveles más bajos en más de cuatro años, pero Trump declaró que su Gobierno contrataría a 10 mil nuevos agentes para patrullar la frontera entre Estados Unidos y México.

Incluso, el magnate propuso usar parte del presupuesto militar para la seguridad fronteriza.

Claramente, la nueva versión recargada de Trump está incrementando las presiones a México para que se adopten enfoques militarizados no únicamente contra los grupos criminales, también contra las personas en condición de movilidad.

Seguramente buscará también que México reciba en sus fronteras las deportaciones masivas.

Un programa de deportación masiva enfrentaría desafíos legales y logísticos para el propio gobierno de Estados Unidos, pero más complicaciones tendría en México como país receptor de este flujo forzado hacia el sur.

Ahí está el punto principalmente crítico si hablamos del impacto específico para Juárez. La crisis aquí ha presentado sus mayores picos precisamente cuando se ha privilegiado a esta frontera para realizar las repatriaciones.

La pregunta es si México cederá de nuevo a las presiones. Si eso pasa y Juárez nuevamente acapara las deportaciones, que se pueden conjugar con la frontera sellada por el muro y las fuerzas armadas, lo más seguro es que la ciudad y los Gobiernos locales sean de nueva cuenta avasallados por la contingencia.

Un polvorín si ese escenario se traslapa con el cierre de plantas, los impactos arancelarios y los obstáculos y las estrictas revisiones en los cruces internacionales que tanto agrada colocar al Gobierno de Texas.