La grilla sigue subiendo de nivel en la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde se percibe un ambiente convulsionado por las salidas inesperadas de funcionarios en áreas estratégicas y los cambios en el modelo educativo, que un día es aplaudido por vanguardista y al día siguiente es denostado por irrelevante.

Por lo mismo, las especulaciones están a la orden del día y los entretenidos chismes de radio pasillo ahora son temáticos, y lo mismo hablan de complots y traiciones que de alianzas y lealtades con el nuevo Gobierno estatal.

El último bombazo fue sobre el nuevo modelo educativo que impulsó el rector Luis Alberto Fierro desde el inicio de su gestión, y que, ahora se sabe, él mismo anuló. Aunque el rector no ha reconocido el fracaso de su propuesta educativa, tampoco dio argumentos que justifiquen la decisión de dar marcha atrás a su implementación. Solo ha dicho que se debe hacer un mejor análisis, y por lo pronto se queda en stand by, al fin y al cabo también la reversa es cambio.

Los universitarios recuerdan que, desde un principio, los directores de las facultades recibieron mal la propuesta del rector, porque observaron más carga laboral en sus unidades. La liga se estiró hasta que terminó por romperse, por las complicaciones que la pandemia generó en la enseñanza a distancia.

Hasta ahora, nadie sabe si el modelo finalmente quedará sepultado y el año que le queda a Fierro como rector le servirá para ese análisis, que tenía que haberse hecho  antes para anticipar fallas y complicaciones, no después, cuando lo único que está produciendo es ruido.

El modelo de Luis Alberto Fierro proponía un enfoque educativo basado en competencias, y permitía al alumno cambiarse de carrera si así lo decidía, incluso, a la mitad de su formación.

Ahora, a la cancelación del proyecto estrella, que iba ser el legado de Fierro, se suma la creciente exigencia de voces de directivos que piden su renuncia, por los malos manejos administrativos que fueron ocultados durante la administración de Javier Corral y se han destapado en los primeros días de gobierno de Maru Campos.

En síntesis, lo que pasa en la rectoría da materia para escribir toda una novela sobre las intrigas universitarias que encabezan varios directores, que ya hicieron un frente común para impulsar al titular de la facultad de Medicina, doctor Luis Carlos Hinojos, pese a que aún falta un año para la sucesión.

Cuestión de tiempo para saber si Fierro obtiene el respaldo de la gobernadora, o cuando menos de su secretario general de Gobierno, para mantenerse los últimos doce meses en el cargo o, por el contrario, cede el espacio antes de tiempo a los que ya se presumen miembros del círculo rojo de Palacio de Gobierno.

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Ayer, en el Día de Muertos, pudimos recordar y honrar la memoria de nuestros seres queridos, pero también nos acordamos de los que se han ido de esta vida por causa de la pandemia, y entonces nos asaltó una duda sobre las miles de personas que han fallecido a consecuencia de la violencia en el estado de Chihuahua.

Son aproximadamente 35 mil víctimas del crimen organizado las registradas en las tres últimas administraciones estatales, desde la de José Reyes Baeza, cuando el estado fue escenario de la guerra de los carteles de la droga, pasando por el gobierno de César Duarte, hasta llegar al fallido quinquenio de Javier Corral Jurado.

Se trata de una cifra de muertos que no puede atribuirse a simples pleitos de los carteles de la droga, como se ha hecho hasta ahora, sino a un proceso de brutal exterminio que ha sido tolerado por complicidad, ineptitud y miedo.

Esos factores han provocado que los cementerios estén saturados con víctimas de esa violencia, que de una u otra forma han sido vinculados al narco o a negocios turbios, porque ha sido la forma más fácil del Gobierno de eludir su responsabilidad para perseguir y castigar a los responsables.

Estamos hablando de más de 35 mil personas, hombres y mujeres, que se convirtieron en simples expedientes de los que ya nadie se acuerda, solo sus familiares y amigos.

Si todas estas personas han perdido la vida gracias a la impunidad que reina en el territorio chihuahuense, pero particularmente en Juárez, podemos pensar entonces que esos que han gobernado con torpeza y han dejado sueltos a los sicarios, deben responder no solamente por la enorme deuda moral que tienen con las familias de las víctimas, sino también por su omisión y negligencia como servidores públicos, al no cumplir el juramento que hicieron para defender y proteger a sus gobernados.

Si el 7 de octubre nació por decreto presidencial la Comisión de la Verdad, que investigará la llamada guerra sucia en México y las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, no sería descabellado que aquí también se impulse la creación de una comisión especial para la investigación del exterminio tolerado, que durante 17 años se ha registrado en Chihuahua.

Si el decreto de la Comisión de la Verdad surgió como resultado del acercamiento de familias y sobrevivientes de la guerra sucia en México, en Chihuahua pudiera ser en atención a los sobrevivientes de la guerra del narco, que se ha apoderado de la paz de la entidad.

Aquí también, como en la Comisión de la Verdad, debería garantizarse a los chihuahuenses el derecho de la verdad sobre las causas reales que originaron el exterminio y las que han evitado que termine, el derecho a la justicia de las víctimas colaterales de esta guerra y el derecho a la reparación del daño a huérfanos y viudas inocentes.

No basta con el recuento de los daños, que solo sirve para la estadística negra que acumula la Fiscalía General del Estado, se debe dar el siguiente paso para que los omisos e irresponsables paguen sus estulticias.