Los sectores gubernamental y empresarial ya pusieron el ojo a los terrenos del Parque Central para construir el Centro de Convenciones de Ciudad Juárez.

Imposible que no se genere polémica y debate sobre la pertinencia de esa ubicación.

Ya sabía Mirone que una parte de los empresarios que se aglutinan en el Consejo Coordinador Empresarial, andaban en esa gestión, pero no se conocía que del lado gubernamental estuvieran plenamente de acuerdo.

Sin embargo, ayer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar informó que va a la Ciudad de México, precisamente a gestionar un permiso federal para poder recurrir a esa opción, ya con el aval del Gobierno del Estado y del Fideicomiso del Centro de Convenciones.

Por algo está el candado en el decreto federal que cedió al estado el predio en 1994, condicionando su uso para parque.

La gestión es para que se pase por alto esa disposición y se pueda construir el Centro en un espacio que actualmente no está en uso.

No le cuadra a Mirone y claro que los ambientalistas y otros grupos de la sociedad civil la van a pegar de gritos, porque simplemente se reducen los espacios públicos para recreación. Si por alguna razón no están habilitados esos espacios actualmente, debían incluirse y equiparse, no simplemente cambiar su uso, como lo señala la nueva propuesta.

Es difícil que se pueda aceptar, sin decir nada, el argumento de quitarle espacios a un parque, como si no sufriera ya la ciudad un déficit en ese sentido, con todo y que se pueda señalar que el Centro de Convenciones es necesario y hasta urgente si se trata de incrementar la competitividad de la ciudad.

Como si no hubiera tantas historias locales de proyectos que privatizan el espacio público y se convierten en negocios para unos cuantos, como ocurrió por muchos años en El Chamizal, donde ya tuvo que abortar previamente otra ubicación para el Centro de Convenciones.

Así que está en puerta una nueva polémica, con distintas aristas. Otra objeción que en el mismo CCE le habían visto al Parque Central, es el problema de saturación vial en ese cruce de Teófilo Borunda y Tecnológico. Es la locura en horas pico.

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Siguen nadando de muertito en el Congreso del Estado por parte de quienes integran la mayoría en el bloque del PRIAN, y no le atoran al pendiente de avanzar en la designación de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Por lo visto, el tema de fondo es que no hay acuerdo que arroje la mayoría calificada que se requiere para la designación y por eso no han dado el siguiente paso. Nada se ha sabido del proceso de designación desde que fueron entrevistados en la Torre Legislativa, los 25 aspirantes.

Para tener 22 de los 33 votos del Congreso, no alcanza ni con todos los votos juntos del PAN, PRI, PT, Verde y Movimiento Ciudadano. Se requiere por lo menos uno más de Morena (ese que alguna vez les dio para mayoría calificada el voto de Oscar Avitia, el día que se votaron las listas con magistraturas rasuradas).

Al parecer ni siquiera en el grupo político en el poder hay acuerdo para que sea la exdiputada panista, Georgina Bujanda, la designada para el cargo. No a todos gusta el perfil de Bujanda, y no nada más porque no tenga experiencia en el ramo de Derechos Humanos. Por sus propias filias y fobias no a todos les cuadra.

Suponiendo que finalmente a todos en el grupo dominante les hicieran manita de puerco a su favor, todavía faltaría conseguir el voto 22. Ya saben el caminito con Oscar Avitia, el único diputado que no se cuadra con Ariadna Montiel y trae su apuesta política por otro lado.

Ahí está el tema de la división interna de Morena en el Congreso que podría aprovechar el bloque mayoritario, pero también estaría difícil para Avitia justificar nuevamente su voto contrario al de su bancada. Morena ya ha dicho que debe de ser mujer y que no debe de ser Bujanda, no únicamente por su claro perfil político-partidista, sino porque no reúne el requisito de cinco años de probado trabajo en la promoción, progresividad y defensa de los derechos humanos.

Otro escenario es que la mayoría del PRIAN deje de pensar en Bujanda y se fije en otro perfil que no sea mal visto por Morena, para poder obtener la mayoría calificada. Hay varios perfiles bien calificados en la lista de 25 aspirantes.

Una tercera opción, que para nada se descarta y hay quienes la impulsarían dentro del grupo político en el poder, es que se siga el protocolo en el Congreso, se lleve a la votación la terna, y al no cumplirse la mayoría calificada, se queden las cosas como están.

La ley contempla que mientras que el Congreso del Estado no designe a quien asumirá definitivamente la presidencia, se quede al frente quien hoy está de encargado de despacho, Alejandro Carrasco, quien, por cierto, también se registró como aspirante a presidir la Comisión de manera definitiva.

A ver si en el Congreso del Estado cumplen con el deber ser y dejan de pensar nada más en pagar facturas políticas. Lo más preocupante es que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos se tiene ya casi un año perdido de trabajo a fondo, ya que prácticamente todo se ha pensado y realizado en un plano provisional.

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Sergio Molina Martínez, el único hombre chihuahuense que es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dejó ver por su terruño ahora que anda encampañado para ocupar uno de los nueve espacios del máximo tribunal del país.

Molina Martínez es nacido en Hidalgo del Parral y estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sin embargo, hizo prácticamente toda su carrera que ahora lo tiene en la contienda judicial, fuera del estado.

Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, ha ejercido la docencia en el Instituto de la Judicatura Federal, en el sistema abierto de la Facultad de Derecho de la UNAM, en la maestría en Derecho Laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y en el sistema de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, Bajío.

Ya fue juez de Distrito y magistrado federal, y dentro de su carrera en el Poder Judicial alcanzó a convertirse en consejero de la Judicatura Federal, el órgano que con la reforma desaparece para dar paso al Tribunal de Disciplina Judicial.

El caso es que anda el parralense en la jugada y el fin de semana se dejó ver por la capital del mundo, allá donde su abuelo fue minero, además de que este lunes tuvo agenda en ciudad de Chihuahua. Previamente, se había movido en el centro del país

Únicamente tres chihuahuenses traen campaña nacional. Aparte de Molina Martínez está Olivia Aguirre Bonilla, la juarense que también compite por un espacio en la Corte y quien toda la semana pasada anduvo entre la Ciudad de México y Morelia, Michoacán.

Además, está el caso de César Lorenzo Wong Meraz, quien es candidato a magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la máxima instancia en materia electoral.

Wong Meraz es ampliamente conocido en Chihuahua. También es egresado de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), donde hizo dos maestrías, la de Administración y la de Derecho Político y Administración Pública. Además, tiene el doctorado en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España.

Wong es catedrático en la Facultad de Derecho en la propia UACH, profesor investigador del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) y preside todavía la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana A.C., ya que también encabezó el Tribunal Estatal Electoral en Chihuahua.

Sobre Wong no se ha sabido nada de su campaña. Al menos no se ha movido en redes.

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Ahora que todo mundo anda desesperado por ubicar en Juárez los terrenos en donde se puedan construir las viviendas del programa lanzada por la presidenta Claudia Sheinbaum, surgen las preocupaciones respecto a la factibilidad de los nuevos desarrollos habitacionales.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado ya ofreció 17 hectáreas de su reserva.

Según el secretario Gabriel Valdez, esos terrenos se ubican en un punto estratégico de la ciudad, con toda la infraestructura, el equipamiento y los servicios públicos necesarios para un desarrollo habitacional.

Sin embargo, no han mostrado exactamente dónde está esa reserva. La reserva estatal se ubica en la zona de Ciudad Universitaria. De hecho, los terrenos de CU que ocupó la UACJ primero y después otras instituciones educativas, eran parte de esa reserva estatal.

La reserva San Isidro Zaragoza de casi mil 200 hectáreas pertenece al Estado, pero el propio funcionario la había considerado inviable para cualquier proyecto de vivienda, apenas en 2023, cuando fue entrevistado por Norte Digital, para un reportaje sobre las reservas disponibles para la ciudad.

“En condiciones favorables pudiera ser la respuesta a demandas localizadas, pero como te comento, le hace falta todavía infraestructura, vías de comunicación suficientes. Hay algunas, la Talamás Camandari, la Miguel de la Madrid, por ejemplo, pero no son suficientes, entonces necesitamos generar las condiciones adecuadas y, sobre todo, los servicios y equipamientos necesarios, que hoy por hoy todavía no están”, dijo entonces, el funcionario.

Y la verdad, las condiciones de entonces a la fecha no han cambiado, fuera de la construcción del distribuidor vial Talamás, que liberó un embudo, pero no amplió la conectividad en la zona.

Recientemente, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento anunció la construcción de tanques de almacenamiento de agua, pero no ha iniciado proyectos que amplíen el suministro o fuente del recurso hídrico.

De ahí la inquietud. Toda esa zona sufre precisamente de la falta de infraestructura y equipamiento. No hay escuelas, ni hospitales, ni parques y se batalla bastante por el transporte público, por el agua potable y hasta por los patrullajes policiacos.

Ojalá y se analice bien el tema y no vayan a repetir las mismas experiencias de fraccionamientos que se convierten en emblema de marginación y exclusión.