La tensión política, económica y social a la que está sometido el país desde el pasado mes de septiembre ha trastocado proyectos políticos de todo tipo, tanto en el ámbito nacional como en el plano local.
Después del Segundo Informe de Gobierno, cuando todavía había cierto margen para pensar que el reformador presidente Enrique Peña Nieto, llevaba firme el timón del país hacia la jauja prometida, vinieron los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa que trajeron de nuevo los mexicanos a la cruda realidad del país.
Debajo del aparente control de la inseguridad que nos presumían haber logrado, permanecieron siempre los arreglos y componendas de la clase política con los grupos criminales presentes a lo largo y ancho del territorio nacional.
Sin distingos partidistas, los gobiernos estales y municipales han entretejido una maraña de acuerdos, para aparentar que la estrategia de seguridad está funcionando, pero el caso de Iguala, Guerrero dinamitó la ilusión pacífica que se había creado.
La reacción social en cadena que siguió a los ataques contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, con el resultado de seis muertos y 43 desaparecidos, junto con la ejecución extrajudicial de los jóvenes de Tlatlaya, en el Estado de México, precipitaron una reacción en cadena, que ha pegado de lleno en la línea de flotación del régimen presidencial de Enrique Peña Nieto.
Las movilizaciones a lo largo y ancho del país para exigir resultados en las investigaciones, y la reacciones internacionales condenando los hechos, pulverizaron lo que los analistas políticos y económicos de México y el extranjero habían calificado como el “mexican momento” (momento mexicano), por la imagen que había logrado proyectar el presidente Peña con las reformas estructurales, construidas sobre el pacto con las fuerzas opositoras. Todo eso caducó en muy corto tiempo.
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La crisis de seguridad y política producida por la desaparición de los normalistas se agudizó con la exhibición pública de la corrupción endémica del sistema político mexicano.
Es emblemático el descubrimiento de la “Casa Blanca” de la actriz Angélica Rivera, la esposa del presidente, adquirida a uno de las empresas del consorcio Grupo Higa, del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, principal beneficiario de los contratos de obra publica realizada en el Estado de México, cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador.
Ahora se sabe que el presidente Enrique Peña Nieto y el primer círculo de mexiquenses que lo acompañan en el gobierno tienen una relación de muchos años atrás con el “exitoso” empresario.
Las empresas del presidente del Grupo Higa, no sólo están involucradas en la construcción de la “Casa Blanca”; siguen apareciendo datos que lo ligan a la adquisición de bienes inmuebles de otros funcionarios públicos, como el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, así como Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia.
Eso, más la información documentada que ha ido surgiendo sobre los contratos del Grupo Higa, primero con el consorcio chino que había obtenido el contrato de 50 mil millones de pesos para construir el tren rápido México–Querétaro, cancelado a raíz del escándalo de la “Casa Blanca”, y el acaparamiento de contratos de obras multimillonarias en entidades federativas, tienen en jaque al primer círculo de Los Pinos.
Esa crisis se ahondó por la imposibilidad de implementar una rápida estrategia de control de daños, debido a la lucha interna de poder que se exhibe entre los grupos políticos del PRI y dentro del gabinete presidencial, cuyos miembros desde ahora construyen proyectos sucesorios con tanta anticipación.
Por si fuera poco, a todo lo anterior se suma la crisis económica, expresada en la falta de crecimiento económico, la caída libre de los precios del petróleo y la devaluación del peso frente al dólar.
Los analistas enumeran causas multifactoriales de la situación económica de país, que han llevado al Banco de México a bajar las estimaciones al cierre de éste año y prever un difícil comienzo del 2015.
Dicen que por un lado está la desaceleración que han mostrado algunos indicadores de la economía mexicana, como el de la medición de la actividad económica nacional, pero, además, la incertidumbre causada por los acontecimientos sociales recientes que han repercutido sobre la misma actividad económica.
Sin darle tantas vueltas al lenguaje económico, todo se explica si lo resumimos en palabras llanas: estábamos mal y la cosa se puso peor.
Y no paró ahí la cosa, apenas se había aprobado el Presupuesto de Egresos del país para el 2015, cuando nos llevó el tren con la caída de los precios internacionales del petróleo, que si bien no colapsarán las finanzas públicas del próximo año por las coberturas o seguros contratados, todo pinta para que implementen ajustes a la distribución de partidas, entre ellas el reparto de participaciones a las entidades.
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La cosa está difícil, muy difícil, el viernes, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos aprobó el incremento del 4.2 por ciento al minisalario, que para el caso de la zona económica A, en la que se encuentra Ciudad Juárez, le representa un salario de 70.10 pesos y un incremento real de 2.81 pesos.
Con esa cantidad, un juarense que perciba el salario mínimo no alcanza a pagar 250 gramos de tortillas, así de simple e insignificante el incremento.
Si bien aquí casi ningún trabajador gana el salario mínimo, el incremento queda pulverizado con los aumentos a los bienes y servicios previstos desde el primer día del 2015, cuando arranque la cuesta de enero, y estemos enfrentando la resaca de las posadas navideñas.
El panorama no se ve halagüeño. Por el contrario, con la imposibilidad de los trabajadores mexicanos de mejorar su nivel de vida, no crecerá el consumo interno del país, y con la caída de los ingresos petroleros, el Gobierno tendrá menos dinero para mantener encendido el motor del gasto público con inversiones en obras de infraestructura, lo que podría mover un poco la economía, pero no se observa con qué se pueda impulsar eso.
Son tan negativas las expectativas, que el mismo Producto Interno Bruto para el 2015, en un rango del 3.0 al 4.0 por ciento, le rasuró dos puntitos para empezar.
Si hasta en Pemex, donde viven en el paraíso burocrático, ya empezaron a ver la cosa color de hormiga y con el dolor de su alma están buscando bajar costos, quién sabe si para lograrlo le peguen al lujoso tren de vida del líder de los trabajadores petroleros, Carlos Romero Deschamps.
No empezaron por ahí, lo primero que se le ocurrió al director general, Emilio Lozoya, fue la renegociación de los contrataos de servicios con las empresas que trabajan para Pemex, para irlos ajustando a la realidad del precio del crudo, que cayó hasta 51 dólares por barril, cuando las proyecciones contractuales están estimadas a 60 dólares.
Mientras se descomponen las variables económicas, al régimen de Peña Nieto se le siguen desatando otros amarres.
Se había dicho que la estrategia de seguridad en Michoacán había dado buenos resultados, pero apenas esta semana un nuevo enfrentamiento entre grupos de autodefensa en Michoacán, en la comunidad de la Ruana, con un saldo de 11 muertos, estrelló de nuevo el discurso oficial contra la realidad.
El viernes, durante al reunión del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el presidente les reclamó a los gobernadores que ya es tiempo de que se dejen a un lado los pretextos, para instrumentar las estrategias de seguridad que van sobre el mando único de Policía y atender para reducir el margen de maniobra de los jefes policiacos en los municipios y con ellos los arreglos que le abren paso a la infiltración del crimen organizado.
El reclamo a los gobernadores pone en evidencia que el presidente percibe que los mandatarios andan también por su lado, no sólo simulando en el caso de la estrategia de seguridad, sino también ocupados en sus proyectos políticos personales o con los negocios que hacen al amparo del poder.
Y para lo gobernadores, la misma falta de credibilidad que enfrenta el presidente, con los cuestionamientos sobre el conflicto de intereses de él y sus colaboradores cercanos, más la debilidad política que muestra el régimen expresada en la crisis política generada por los casos de Iguala y Tlataya, los tiene irritados sobre manera, en especial a los emanados de tricolor.
Este día, el PRI nacional lanzará la convocatoria para la elección de candidatos a diputados en los 300 distritos electorales de mayoría que hay en el país, y la consigna para todos los mandatarios estatales es sacar el máximo de distritos en cada entidad.
Tienen que ir contra corriente, lidiando con todos los problemas nacionales que estarán debatiéndose en las campañas electorales, los pleitos de los grupos políticos locales por el reparto de cuotas, y los cuestionamientos a sus propias gestiones.
Ni por nada hay molestia, preocupación y presión sobre todos los gobernadores del PRI, que están obligados a responder política y electoralmente, para entregar buenos resultados en las elecciones intermedias del próximo año, en medio de serios cuestionamientos al régimen de Peña Nieto y a los de ellos mismos.
Chihuahua es un ejemplo de esa situación, el gobernador Duarte está frente a la coyuntura más compleja de su sexenio, con todo el peso de los problemas de imagen del presidente Peña Nieto y del Gobierno federal encima y los señalamientos que le están haciendo los opositores.
Es obvia la presión a la que el titular del Ejecutivo estatal está sujeto, se hace evidente en sus respuestas y expresiones ante cada señalamiento que le hace los opositores.
El jueves, después de que el llamado sistema PAN quiso incendiar el petate en plena época de posadas, el gobernador Duarte respondió que están “locos” los políticos que quieren llevar los problemas de los políticos a las casas de la sociedad chihuahuense, que quiere solución a sus problemas no ese tipo de acciones.
Sin embargo, el motivo de la irritación del gobernador, más que con los dimes y diretes de los opositores, pareciera tener origen en la complicación que él mismo percibe, en el desarrollo de un proyecto político propio, afincado en la consecución de buenos resultados de su gestión estatal en seguridad, economía, educación y salud, aderezados con los tiempo políticos en el proceso electoral del próximo año, que le catapultaran al escenario nacional.
Pero esa meta, que ha sido el sueño más acariciado de todo gobernador de Chihuahua, se ve cada vez más difícil de alcanzar.
La complejidad política nacional y la local no lo favorecen, no sólo al gobernador de Chihuahua, sino a otros que como él, acarician el mismo sueño, y que en este último tramo del 2014 han visto esfumarse sus posibilidades de escalar del Gobierno estatal a la esfera nacional, como también es el caso del gobernador de Chiapas, Manuel Velazco Coello, que hasta novia actriz de Televisa se consiguió para seguir la ruta Peña Nieto a Los Pinos.
El 2015 pinta impredecible para el sistema nacional priista. Sólo un golpe de timón puede cambiar su actual situación.
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Este fin de semana creció el rumor sobre un supuesto cambio en el área de Comunicación Social del Gobierno del Estado, en donde se daría la sustitución del actual coordinador, Hugo Hernández Jáuregui, por Sergio Belmonte Almeida.
El dato no es oficial, pero de confirmarse estaríamos ante uno de los más grandes errores del Gobierno estatal, al seleccionar a un personaje obscuro, sin prestigio alguno en el ámbito de los medios de comunicación, cuyo fuerte es la denigración de la política y de quienes conforman al gremio periodístico.
Sergio Belmonte tiene, además, cuenta pendientes con la justicia. Mantiene documentado en su haber una larga cauda de actos corruptos en el manejo de los presupuesto públicos destinados al área de comunicación social, cuando fue director de esa área en el fallido Gobierno municipal de José Reyes Ferriz.
Pesa sobre él una denuncia penal por la falsificación de la firma de quien fuera regidor, Leopoldo Canizales, para justiciar el desvío de millones de pesos en pago a una serie de operadores de programas propagandísticos, con los que se pagaron facturas políticas.
De confirmarse el cambio del titular de Comunicación Social del Gobierno del Estado, estaríamos hablando del cuarto relevo en esa área durante el Gobierno de César Duarte, que con ese nombramiento llegaría en las peores condiciones posibles al año electoral que tiene enfrente, y al cierre del sexenio.
Quién sabe qué intereses empujen a “El Negro” Belmonte para ser considerado como un prospecto en la coordinación de Comunicación Social, pero los que sean, deben centrar su objetivo en pulverizar la imagen del gobernador, César Duarte y de la Administración estatal. De eso no hay duda.