El desarrollo económico y el progreso no deben ser nunca factores que pongan en riesgo la conservación de bienes tan valiosos como el agua.
Esto, de acuerdo a Cuauhtémoc Osorno Córdova, licenciado en Gestión Ambiental y estudiante de la Maestría en Gestión Integral del Agua en el Colegio de la Frontera Norte (Colef) de Monterrey.
Para Osorno, miembro de la Red Mexicana de Cuencas, la actual problemática hídrica requiere de mayores compromisos institucionales que los observados.
Lo anterior en referencia al caso del uso indebido del acuífero de Samalayuca para la construcción del Libramiento Oriente en Samalayuca.
Esto fue señalado por Norte Digital en diversas notas que exponen acuerdos de la Compañía Contratista Nacional (Coconal) con ejidatarios de la zona.
Mediante dichos acuerdos, Coconal ha dispuesto de agua de pozos agrícolas de Samalayuca para su uso en la construcción de esta magna obra.
Una situación considerada irregular dado que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), encargada de otorgar los permisos respectivos, negó haber autorizado este uso.
En este sentido, Osorno cuestionó también la posición de la Semarnat al autorizar sin supervisión de por medio el manifiesto de Impacto Ambiental presentado por la constructora.
Dicho manifiesto, analizado por el consultor ambiental Yves Figueroa, fue calificado por este experto como un documento corto y omiso en lo referente al uso del agua.
De acuerdo a Figueroa, en todo proyecto que va a utilizar agua para construcción un consultor siempre debe recomendar en primera instancia el uso de agua tratada. Pero en este caso inexplicablemente el tema fue omitido.
Para Osorno, resulta lamentable que la Semarnat no haya realizado las observaciones o supervisión necesarias, mucho más tratándose de una región donde hay evidente sobreexplotación del acuífero.
“Ahí vemos la poca valorización y conciencia en el cuidado del agua tanto de empresas como de gobiernos, y por eso estamos como estamos”, manifestó.
Respecto a la posibilidad de que la Conagua retire la concesión a la constructora, tal como planteó la investigadora Dalia Toledo, dijo no creer que esto ocurra.
Pero indicó que, en todo caso, podría plantearse un acuerdo con el organismo operador de agua local (Junta Municipal de Agua y Saneamiento) para que se encargue del suministro.
“Lo que si puede pasar es que el agricultor reciba una sanción por dedicar su agua con fines distintos a lo establecido en su concesión”, agregó.
Calificó de “descarada” la situación impuesta por los intereses que privilegian el desarrollo económico y las obras de infraestructura por encima del cuidado de los acuíferos.
“Parece ser que eso es mucho más importante que el cuidado y sustentabilidad del agua; lo que te dice esto es que importa más la modernidad y el desarrollo que la conservación de los recursos naturales. Es bastante notoria la incapacidad y la complicidad del Estado en este sentido”, concluyó.
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