La asociación civil Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) cuestionó hoy la falta de apoyo económico del Gobierno Federal ante la expulsión desde el 12 de octubre de personas migrantes hacia México y el cierre de cruces sin documentos en Estados Unidos.
“Reconocemos los avances y esfuerzos que han hecho (los gobiernos municipal y estatal) con dos espacios provisionales, aunque finalmente son insuficientes. A nosotros lo que más nos preocupa es el rol de la federación”, comentó Blanca Navarrete, directora de la organización.
Desde el 12 de octubre, Estados Unidos decidió dejar de recibir personas migrantes originarias de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Ya no podrían cruzar sin documentos por la frontera, entregarse a la Patrulla Fronteriza y regular su situación una vez dentro del país.
Ahora, deben realizar un proceso largo con requisitos y recursos que, según han contado migrantes, difícilmente tienen.
Ante este cierre, se reportó durante la primera semana la expulsión a México de 200 personas, que inmediatamente abarrotaron los albergues disponibles, ya fueran gubernamentales o gestionados por la Red Somos Uno por Juárez, de asociaciones civiles o espacios de fe (iglesias o templos).
Ante la contingencia, los Gobiernos estatal y municipal, en conjunto con empresariado y organizaciones civiles habilitaron Casa Ónix, cerca de la Parroquia de San Lorenzo, y “Todos Juntos por los Niños”, para familias con niños, cerca de la conocida Cárcel de Piedra.
Hasta el momento, no existe un reporte periodístico o una comunicación oficial en la que se haya informado de apoyos económicos, reasignación de recursos, partidas presupuestales, o redirección de esfuerzos de las instancias federales de la administración de Andrés Manuel López Obrador hacia la frontera norte o sur, que son las que han trabajado ante la llegada de personas migrantes que huyen de países centro o sudamericanos.
Ni siquiera hubo un aviso a los otros niveles de Gobierno. No tuvieron tiempo de prever nada, de acuerdo con Navarrete. Y aunque esto, dice, no es justificación, es difícil reorganizar un presupuesto que ya estaba etiquetado.
No se trató de una decisión unilateral. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), se trató de un acuerdo entre aquel Gobierno y el de México, en el que este último aceptaría a las personas expulsadas a cambio de apoyo para reforzar las fronteras.
Este apoyo también se implementará en Panamá, de acuerdo con el DHS, que es donde más dificultades hay para registrar la entrada de migrantes sudamericanos al encontrarse ahí el Tapón del Darién, una selva que, aunque es reserva federal, no está entre las prioridades de seguridad del país centroamericano.
Entre los dimes y diretes del Gobierno estatal a cargo de María Eugenia Campos Galván y el subdelegado de Bienestar del Gobierno Federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, permanece la falta de recursos federales a esta frontera para aliviar la situación.
Y no solo es que no haya o que no se hayan ordenado, sino que hay resistencia para cederlos, al grado de recurrir a un amparo concedido a organizaciones de la sociedad civil para tal efecto, recordó Navarrete.
Este amparo (con folio 570/2020, resuelto por el entonces juez segundo de Distrito del Estado de Chihuahua, Arturo Alberto González Ferreiro), fue interpuesto ante la falta lineamientos en materia sanitaria sobre prevención, contención y atención médica de la población migrante en el contexto de la pandemia por Covid-19.
En aquel momento, dependencias como las Secretarías de Salud, Gobernación, de la Defensa Nacional y de la Marina de México, todas dependientes del Gobierno federal, negaron las omisiones e intentaron deslindarse de las responsabilidades.
No obstante, el juez González Ferreiro definió que el Consejo de Salubridad General sí tenía responsabilidad y debía emitir las acciones necesarias para la prevenir, contener y atender a causa del virus, en beneficio de personas migrantes, entre otros acuerdos, como la cesión de recursos a los estados fronterizos.
Restablece juez fondos para servicios legales de menores migrantes indocumentados
La medida bloquea una orden federal que los ponía en riesgo de deportación
Por Redacción
“Me preocupa la justicia para las víctimas”, asegura Francisco Garduño
Tras salir de audiencia de revisión de suspensión condicional de proceso, el comisionado del INM asegura que cumple con las condiciones para librarse del proceso penal en su contra
Por José Estrada
“Confirmar suspensión condicional de Francisco Garduño genera impunidad”
Se lleva a cabo la audiencia de aclaración de agravios en la que defensores de las víctimas del mortal incendio en el INM expresan por qué debe revocarse el beneficio otorgado al funcionario
Por José Estrada
Pide justicia la viuda de uno de los 40 migrantes fallecidos en incendio en el INM
Difunde carta abierta a Claudia Sheinbaum, la principal destinataria de su petición
Por Teófilo Alvarado
