Aunque jueces han reconocido el derecho ancestral de los grupos índigenas desplazados que vivían en la sierra Tarahumara y han ordenado a Federación y Estado brindarles protección, grupos del crimen organizado y las mismas autoridades les impiden regresar a sus tierras.
Desde hace años los habitantes de esa zona de Chihuahua han dejado sus lugares de origen, hostilizados por políticos, caciques y empresarios. Y aunque muchos de ellos han ganado algunas demandas, los agresores desoyen a las autoridades agrarias y mantienen el control e intensifican sus acciones, además de explotar los territorios, donde talan de manera indiscriminada, siembran aguacate o explotan minas de esa región.
Un reportaje de la revista Proceso muestra lo que ha ocurrido en la comunidad de Coloradas de la Virgen, tiene una historia de por lo menos cuatro décadas. Sin embargo, a partir de octubre de 2018, cuando asesinaron al defensor indígena Julián Carrillo Martínez, el desplazamiento ha sido masivo y no ha parado desde entonces.
De acuerdo con la información, primero huyeron alrededor de 50 familias del centro de la comunidad, pero durante la pandemia los grupos delictivos acapararon más territorio y despojaron de sus tierras a familias cuyas rancherías limitan con el municipio de Morelos o con el seccional de Baborigame.
“El desplazamiento forzado es uno de los mecanismos a los que recurren empresarios y grupos delictivos para despojar a las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara de su territorio –rico en recursos naturales, principalmente madera, oro, plata y paisajes imponentes–, para promover el desarrollo turístico”, indica el reportaje publicado en la edición impresa número 2394.
Un fragmento de la investigación difundido en su sitio digital, añade que pobladores de las decenas de comunidades indígenas de las cuatro etnias que habitan aquella región han huido en silencio durante los últimos 10 años de su territorio para salvar sus vidas.
“Atrás dejaron sus casas, parcelas, ganado y el territorio que utilizaban para el agropastoreo, actividades ceremoniales y para la recolección de plantas medicinales, que cuidaban con celo”, agrega la información.
Pese de que han ganado algunas de las sentencias, las comunidades desplazadas no pueden regresar a su tierra debido al control que ejercen los grupos delictivos.
El desplazamiento forzado interno sigue siendo invisibilizado y no atendido de manera adecuada en México.
Los últimos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), consultados por Norte Digital, señalan que de enero de 2019 a junio de 2022, ocurrieron al menos 99 episodios de desplazamiento forzado interno masivo (1.5 por semana) en 14 entidades del país, principalmente en Chiapas (19), Guerrero (16), Michoacán (12), así como Chihuahua, Zacatecas y Oaxaca (10 cada una).
La CMDPDH estima que en 2021 las víctimas superaron los 29,000, lo que significa más de dos veces los 9,741 registrados en 2021.
Esta comisión indica que de enero de 2021 a junio de 2022, ocurrieron, al menos, nueve desplazamientos masivos.
En el verano pasado, indica el estudio, enfrentamientos entre delincuentes en comunidades de Guadalupe y Calvo provocó que al menos 40 familias de Santo Domingo huyeran.
