Como primera reacción a la investigación publicada por NORTE a mediados de septiembre, diputados integrantes de las comisiones unidas de la Junta de Coordinación Política así como de Seguridad Pública y Protección Civil, llamaron a comparecer al titular del Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana para que explicara el manejo de cientos de millones de pesos y los resultados del costo-beneficio aplicado a programas sociales que contribuyan a reducir los altos índices de violencia.
Por ser un tema de interés público, NORTE expuso la forma como desde su creación en 2012 y hasta la fecha, han sido derrochados alrededor de 700 millones de pesos de recursos públicos aportados por 36 mil contribuyentes del Impuesto Sobre Nómina a nivel estatal, para contribuir a reducir los cada vez más altos niveles de violencia en las principales ciudades del estado encabezadas por Juárez y Chihuahua.
Es decir, que el costo-beneficio del programa no ha dado los resultados esperados, aunado al conflicto de interés de una decena de empresarios quienes se han auto-otorgado recursos a favor de asociaciones civiles que ellos mismos integran, según lo expuesto por la Auditoría Superior del Estado desde el año 2015.
Como reacción a lo anterior, el diputado priista Omar Bazán presentó un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de los dirigentes del Ficosec, lo cual fue respaldado por las demás fracciones legislativas.
Transparentan con puerta cerrada
Sin embargo, el encuentro previsto para transparentar las cuentas y conocer los resultados, contradictoriamente fue a puerta cerrada.
El pasado 30 de octubre, en una apurada comparecencia que duró menos de una hora, Luis Alonso Valles en su calidad de presidente estatal de Ficosec, expuso ante los diputados de las comisiones unidas algunos ejemplos de proyectos realizados para contribuir a reducir los índices de inseguridad, sin embargo no explicó nada respecto al conflicto de interés de los integrantes del fideicomiso, la opacidad en el manejo de los recursos desde su creación en 2012, la poca claridad en las convocatorias emitidas para el apoyo de recursos (año con año son los mismos beneficiados), así como el desvío de dinero para obras que nada tienen que ver con el objetivo esencial del fideicomiso como otorgarle dinero al gobierno y organismos como PGR y al gobierno del estado (más de 30 millones de pesos), la asignación de fondos a asociaciones que ni siquiera estaban constituidas legalmente (Fundación Ficosec de Chihuahua), y otras irregularidades detalladas por la Auditoría Superior del Estado que exhiben la frivolidad y excesos en el manejo de los recursos aportados por los contribuyentes.
Otro de los aspectos más preocupantes detectados como irregularidad, es el hecho de que el organismo empresarial Desarrollo Económico de Juárez también ha sido gestor y beneficiario de los recursos que debieron ser para mejorar la seguridad, lo cual no es su objeto social, y tampoco ha aclarado cuántos recursos ha recibido y que han servido para cubrir su gasto corriente.
En resumen, la revisión de la Auditoría Superior a la cuenta de Ficosec, indica que hubo irregularidades o malas prácticas en el manejo de unos 144 millones de pesos, tema que tampoco fue aclarado por el presidente de Ficosec.
Reforma al Fideicomiso
Tales planteamientos han llevado a visualizar la posibilidad de realizar una reforma al fideicomiso o bien que los recursos sean otorgados directamente por el gobierno a los oganismos interesados.
De acuerdo al proyecto original del fideicomiso en 2012, la meta era lograr que en 2018 se redujeran los índices delictivos lo cual evidentemente no ha sucedido pues en lo que va del año y hasta el 9 de noviembre iban acumulados 1,048 asesinatos en Ciudad Juárez, y en todo el estado 1,412 crímenes, de acuerdo a datos del sitio.
Previamente, el diputado Omar Bazán Flores comentó que los principales cuestionamientos hacia el trabajo que elabora el fideicomiso es revisar si verdaderamente los programas apoyados con recursos públicos contribuyen a prevenir los delitos, así como explicar el desvíos de dinero como lo señaló la Auditoría Superior en el 2015.
¿Y el costo-beneficio del fideicomiso?
El fideicomiso fue puesto en marcha por decreto del entonces gobierno estatal en el año 2012, formado e integrado por empresarios que debieron elaborar mecanismos y programas para prevenir la inseguridad así como el fortalecimiento de las corporaciones policiacas. En contraste, en lo que va de la actual administración de Javier Corral, han sido asesinados alrededor de 70 agentes de la policía estatal.
Aunado a lo anterior, luego de más de una treintena de observaciones realizadas por la Auditoría Superior a las cuentas de 2014 y 2015, la Comisión de Fiscalización que entonces presidió el diputado Jorge Soto (PAN), exoneró a los empresarios que manejan los recursos.
Como resultado del encuentro del presidente de Ficosec, fue acordada la realización de una mesa de trabajo integrada por representantes del fideicomiso así como legisladores. (Hasta el cierre de esta edición no había sido convocada ninguna reunión, pese al llamado que hizo el diputado Miguel Ángel Colunga, de llevar a cabo una nueva reunión para continuar con la comparecencia inconclusa por falta de tiempo).
Para el ejercicio 2018, el Congreso aprobó la entrega de 160 millones de pesos destinados al Ficosec, de los cuales alrededor de la mitad son destinados a Ficosec Juárez (Seguridad y Justicia A.C.).
Como antecedente, el 25 de septiembre de este año el diputado Omar Bazán recordó que el Ficosec es un instrumento financiero para la realización de programas y acciones para apoyar la seguridad pública en el estado así como fomentar la participación social en el tema.
A decir de la exposición del diputado Bazán, la fallida estrategia de Ficosec se ve reflejada al analizar los homicidios dolosos en Juárez, donde de enero a julio de 2018 se presentaron 571 homicidios mientras que en ese mismo periodo pero de 2017 hubo 345 asesinatos.
“Se debe presentar un análisis sobre la estrategia y sus resultados, y de ser provechoso para la entidad, reforzar aquellos programas de mayor impacto en la prevención del crimen”, dijo el legislador.
Finalmente y en abono a lo expuesto por el diputado priista, la diputada Marisela Sáenz Moriel (Encuentro Social) aseguró que “hay resistencias” en el mismo congreso de algunos diputados que pretenden favorecer al grupo empresarial.
“Algunos diputados solo defienden intereses de ciertos grupos o personas, en lugar de estar del lado de los ciudadanos”, remató.
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