La política de prevención social del delito implementada en Juárez para restaurar el tejido social a raíz de la inseguridad y violencia que ha cimbrado a la ciudad en los últimos diez años tiene sus claroscuros, y dentro de estos resalta la inexperiencia de quienes nos han gobernado.

A la luz del resurgimiento del temor de los ciudadanos por el brote delictivo, deben llevarse a cabo ciertas consideraciones sobre lo que se hizo y lo que se dejó de hacer en ese periodo.

Uno de los desaciertos fue que la política de prevención del delito implementada aquí a través del programa federal panista Todos Somos Juárez, con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos, tuvo el potencial de arrojar mejores resultados de haberse prolongado durante más tiempo, pero los vaivenes políticos y cambios se lo impidieron.

A partir de esta política preventiva y del impacto de la inseguridad que sufrimos los juarenses, las cosas nunca volvieron a ser iguales, particularmente en el ámbito de la iniciativa privada, en que los empresarios se habían mostrado insensibles a las problemáticas sociales, al menos hasta antes de que estallara la crisis a finales de 2007.

A casi diez años de la desafortunada experiencia vivida en Juárez como consecuencia de la presencia de grupos delincuenciales, pareciera que no hemos aprendido de las lecciones, y que la noche oscura que hoy se vive en la región noroeste del estado es la repetición viva de lo que padecimos en la frontera, y todo fue en vano.

Es en el tema de la reconstrucción social donde se ha tenido que trabajar de manera integral, coordinada… y no se ha hecho.

En Juárez, las autoridades pasadas y actuales tuvieron la valiosa oportunidad de recopilar enseñanzas para no repetir los errores. Ni el Estado ni el Municipio han sido capaces de sentarse en una misma mesa para analizar lo que funcionó y lo que no.

Da la impresión de que los distintos actores de los poderes en turno no tuvieron la destreza de rescatar y mantener vigentes las mesas sociales que se instalaron y que fueron borradas del mapa (con excepción de la de seguridad), para dar continuidad a la recomposición del tejido social; pero unos y otros entienden evidentemente que es más importante la distracción en los campos de golf que atender el reclamo ciudadano.

Después de que la primera oleada de inseguridad y violencia cimbró a los ciudadanos, de inmediato y de manera organizada se dieron a la tarea de fundar instituciones ciudadanizadas como el Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad (Ficosec), aunque a la distancia el organismo quedó en manos de empresarios de quienes se cuestionan sus actuaciones en cuanto a transparencia, manejo y destino de los recursos.

En este vaivén de indefiniciones en cuanto a la prevención social, las autoridades igualmente han sido omisas en convocar a los expertos, a los especialistas, para que bajo su guía se hagan efectivos los programas después de los diagnósticos, y que no queden truncados como ocurre en el presente.

También hoy padecemos las consecuencias de no haber puesto atención en haber confiado en secretarios de Desarrollo Social sobre su responsabilidad en el tema, siendo esta área tan importante para la reconstrucción del tejido social. Y no se hizo.

Pensar torpemente

El común denominador de los huéspedes en turno de los gobiernos es pensar en la reelección en lugar de en conservar la paz. Olvidan torpemente que sus posiciones son temporales, ante el silencio cómplice de organizaciones empresariales sin moral y que aplauden solo aquello de conveniencia.

Los expertos más o menos concuerdan en que incorporar el enfoque de prevención social en las políticas de seguridad pública es un asunto arriesgado en un contexto en que se exigen resultados principalmente a través de indicadores delictivos en el corto plazo.

Junto con ellos puede afirmarse que la prevención social propone detonar procesos que permitan transformar prácticas y creencias estructuralmente arraigadas, de tal manera que sus resultados no siempre son medibles o visibles en el corto plazo.

La visión cortoplacista de los gobiernos que van y vienen, sin ver más allá de su periodo de gestión, impide que cuando menos se cristalicen algunos cambios socioculturales lo suficientemente sólidos como para verdaderamente incidir en la prevención de la delincuencia.

Carecemos de políticas públicas federales de seguridad con perspectiva preventiva, después de la cancelación del programa Todos Somos Juárez y el Pronapred.

Desde hace años, el académico en temas políticos y actual funcionario estatal Víctor Quintana Silveyra con mucha claridad ha estado denunciando las condiciones sociales, políticas y económicas de las comunidades asentadas en el noroeste del estado.

En comunidades primordialmente indígenas, las autoridades locales presiden y el cártel gobierna: imponen al director de Seguridad Pública y al director de Obras Públicas.

Desde hace tiempo en el país, de acuerdo con el politólogo latinoamericano Eduardo Buscaglia, sobre todo en las zonas rurales ocurre una realidad de vacíos de poder de Estado en todas sus formas, incluso como monopolio de la defensa legítima y de todas las demás acciones en todos sus órdenes.

Desafortunadamente los narcos se convierten hoy en día en grandes rancheros y financiadores de muchas de las actividades agropecuarias, y de manera igualmente paulatina toman las corporaciones policiacas de los pueblos –insistimos– ante la reacción evidentemente ineficaz de quienes no han tenido la experiencia de gobernarnos.

En Juárez se necesita que las tres esferas de Gobierno dediquen inversiones para la prevención social de la delincuencia de manera sostenida e indeterminada para que podamos anhelar la posibilidad de incidir en la restauración del tejido social.