tercera
parte
Voracidad y… desgracia en el suroriente
Mientras los promotores jurídicos se aprovechan de la ignorancia de los derechohabientes, los “barones de la burocracia” dejan que el despojo ocurra
POR Luis Villagrana
El Infonavit entregó 34 mil 432 viviendas abandonadas en el suroriente de la ciudad a promotores jurídicos, que presionan y despojan a los cuentahabientes a nombre del instituto.
Son llamados por la senadora Bertha Caraveo “los barones de la burocracia”; calificados por el activista Jorge Muñoz como “voraces” y por abogados como “simuladores”, porque no reconocen el tamaño del problema, pese a que ellos lo crearon.
El problema lo dimensiona el estudio “Estado actual de la vivienda desocupada en la zona sur oriente”, elaborado por la UACJ en coordinación con el Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables.
La investigación registra un 35 por ciento de desocupación. Son casas otorgadas entre 2000 y 2019, donde existe mayor marginación. También concentran el 34 por ciento de los delitos: violación, homicidios, asaltos y venta de drogas, entre otros ilícitos.
Los autores de este diagnóstico son Elvira Maycotte Pansa, Javier Chávez, José Luis Sandoval Granados, Gabriel García Moreno y Raúl Holguín Ávila con la colaboración de Berenice Rodríguez Alvarado.
El análisis, de noviembre de 2019, distingue un área critica en 66 colonias, en las que existen 88 mil 284 casas de interés social, de las cuales 29 mil 635 están desocupadas, aunque alerta de manzanas que alcanzan más del 55 por ciento de abandono.
Los resultados de la exploración indican que existe una segunda área, la cual el 37 por ciento de su superficie no está urbanizada y solo el 14 por ciento es apropiada para la construcción de hogares.
Zona en desgracia
Este lugar registra 35 mil 857 unidades, de las que 4 mil 797 están deshabitadas. Junto con la zona crítica suman 34 mil 432, lo que representa una por cada tres viviendas.
Es fácil de identificarlas. Son casas que en lugar de puertas de metal, tienen una cobija. Las ventanas están protegidas con tablas. Los patios están cercados o con tarimas o llantas. No cuentan con medidor de luz.
“Son de las familias que en los picos altos de la pandemia, en confinamiento, padecieron hambre. Muchas de ellas se alimentaban de los cubos de basura de la Central de Abastos”, revela el activista Muñoz, quien levantó un censo por esas fechas.
Son las mismas que refiere el diagnóstico de UACJ: Urbivilla, Villas de Alcalá, Portal del Roble II, Parajes San Isidro II, Senderos San Isidro, Riberas del Bravo, Parajes del Sur y Valle Fundadores, que están en el área crítica en el estudio.
Muchos no pueden pagar
Bertha Caraveo, a punto de entrar de sesionar en el Senado, fustiga: “son los barones de la burocracia, son los que se niegan al cambio”, cuando aborda el tema de vivienda.
Y reconoce: “Tenemos una enorme cantidad de personas que no pueden pagar las deudas de Infonavit. También hay una voracidad con una práctica deshonesta de operadores jurídicos, que se aprovechan de la ignorancia. Intimidad y embargan”.
Muñoz va más allá: “Llegan (los operadores) con sellos y documentos oficiales del instituto, para presionar a los derechohabientes o posesionarios de vivienda”.
Voracidad e ignorancia
El activista asegura que los despachos privados se aprovechan de la ignorancia y necesidad de las personas, para pagar de entre 25 mil y 30 mil pesos a las personas a cambio de su vivienda, la cual rematarán hasta en 250 mil pesos.
“Pero más: tuercen la ley, para llevarse los procesos hipotecarios a tribunales en estados del sur, que no solo es ilegal, sino además no notifican a los afectados”, fustiga Muñoz.
El abogado Carlos Cruz, asesor de la senadora considera que “es criminal que Infonavit consienta el despojo a los que menos tienen, para entregar su patrimonio a los que más tienen”.
Politica de la simulación
Indica que “el instituto tiene en sus archivos toda la información del problema, pero simula no saber, en una política de ‘dejar pasar y dejar hacer’, para lucrar con la vivienda, como si fuera una mercancía y no un derecho social”.
El Gobierno de AMLO ofreció a Chihuahua mil 868 créditos de 35 mil a 150 mil pesos para vivienda, procedente de bienes confiscados al crimen organizado.
El antropólogo Román Martínez, director de la organización Acelere, advirtió que la ayuda que ofrece el presidente es como “recetar una aspirina para un cáncer”, comprado con el problema de vivienda social en Chihuahua.
El especialista que opera programas sociales en el suroriente de la ciudad, consideró que estas “ofertas simbólicas”, no resuelven males sociales como el de la vivienda, que necesitan de políticas públicas, no de “buenas voluntades”.
“Es criminal que Infonavit consienta el despojo a los que menos tienen, para entregar su patrimonio a los que más tienen”
“El instituto tiene (…) toda la información del problema, pero simula no saber, en una política de ‘dejar pasar y dejar hacer, para lucrar con la vivienda como si fuera una mercancía y no un derecho social”
Carlos Cruz/abogado
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