Señalan a Infonavit

y despachos de pertenecer al “crimen organizado inmobiliario”

Son los que ejecutan 10 desalojos diarios, en contubernio con inmobiliarias, Infonavit y despachos jurídicos, mediante maniobras legales que no cumplen el debido proceso, señala El Barzón

LUIS VILLAGRANA

 

Griselda Sosa, integrante de El Barzón, dijo que el Infonavit, despachos privados y jueces forman parte del “crimen organizado inmobiliario”, que realiza 10 desalojos diarios sin cumplir el debido proceso.

“Es un crimen organizado inmobiliario, con despachos de abogados e inmobiliarias patito, quienes cometen los despojos. Son patito, debido a que no tiene dirección a donde se pueda acudir a pedir información o a negociar”, reiteró la barzonista.

La activista calificó de grave el contubernio entre el Poder Judicial, Infonavit y estos grupos, quienes, sin ningún recato, ejecutan órdenes de desalojo.

Dijo que les “cayó como anillo al dedo” la pandemia, parafraseando a AMLO, porque aprovechan las limitaciones impuestas por el SARS CoV-2 para realzar maniobras legales en contra de los propietarios de vivienda.

“Es una incongruencia de Gobierno del Estado y la Federación que nos digan que nos quedamos en casa, que tomemos medidas, mientras que por el otro permitan que las familias sean echadas a la calle en semáforo verde”, enfatizó.

La activista se refiere al desalojo de su vivienda de una familia, durante la emergencia climática hace 25 días, en la colonia Exhipódromo.

Sosa denunció que la familia se encontraba en cuarentena, debido a que algunos de sus miembros resultaron positivos al Covid-19, con el agravante de que se realizó en emergencia climática.

“Son de los 10 desalojos diarios realizados por los juzgados civiles, en contubernio con inmobiliarias, Infonavit y despachos jurídicos”, denunció Sosa.

"A pesar de que estamos en una emergencia sanitaria, siguen sacando las órdenes de desalojo. una familia entre ellos un adulto mayor que estaban en cuarentena, fue afectada", advirtió.

El juicio de la que emanó la orden corresponde al año 2000, cuyo demandante es el banco Mercantil –ya desaparecido–, además de que el propietario no recibió ninguna notificación, agregó, Sosa.

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