Perla Márquez

 

Sufre de insomnio desde el 2012, El médico le diagnosticó ansiedad generalizada a Juan Manuel Amancio Soto, quien solo espera que lo saquen de su vivienda usando la fuerza pública.

Igual que él están otras 40 personas que la Fiscalía y Defensoría Ciudadana (Fideci) acompaña y asesora para defender el patrimonio que la mayoría adquirió hace más de 20 años.

Silvia del Val se reúne semanalmente –en grupos pequeños– con las personas afectadas. Lleva sus expedientes a cuestas, buscando amparos y acciones que puedan ayudar a rescatar las viviendas que prácticamente han perdido sin que se dieran cuenta.

Otro caso es el de la señora Max Escobedo, quien un día de 2016 acudió a las oficinas del Infonavit para solicitar un apoyo para techar su casa en la colonia Parajes del Valle, y se llevó la sorpresa de que su vivienda ya no era de ella.

Escobedo obtuvo su crédito en el 2003. Estuvo desempleada desde el 2007, pero siguió pagando su crédito de manera voluntaria bajo una reestructuración.

En 2016 tuvo problemas económicos y dejo de depositar unos meses, jamás imagino lo que pasaría.

Quiso pagar, negociar su crédito, dialogar para que entendieran su situación; la respuesta fue seca y rotunda: su cuenta ya estaba cancelada.

Ni a ella ni a Juan Manuel les avisaron. No hubo notificación de que estaba en riesgo su patrimonio, mucho menos que su propiedad había sido adjudicada.

 

Los “gandallas”

radican en Nayarit

 

Entre el 2013 y 2018, se hizo público a nivel nacional que había una complicidad entre magistrados y jueces de los municipios de Jalisco, Compostela y Bahía de Banderas, en Nayarit.

Ejecutaban de manera irregular las hipotecas de cerca de 40 mil casas propiedad de derechohabientes del infonavit en lo estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa y Jalisco.

En ese tiempo se desaforaró a cuatro jueces y dos magistrados en funciones por estar presuntamente involucrados en el fraude, sin embargo, dice Del Val, la activista de Fideci, que la problemática no ha tenido fin, y para muestra los casos que ella tiene en la Fiscalía Ciudadana.

A Amancio Soto le llevaron una carta donde dice que la vivienda ha sido adjudicada por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y que el 13 de enero del presente año debió desalojar la casa en la que lleva 21 años viviendo.

 

Les resuelven

lanzándolos a la calle

 

La empresa inmobiliaria se llama Resuelve Hogar, paradójicamente, a Amancio lejos de resolverle su situación de vivienda, lo están lanzando a la calle.

“Nunca deje de pagar, el problema conmigo fue el predial, yo estuve siempre pendiente, buscando reestructuraciones y seguía pagando; sin embargo, mi casa está en una zona muy redituable. Es lógico que les interese mucho”, comenta.

Su vivienda se ubica justo atrás de Plaza las Torres, a cinco minutos caminando, a un lado del nuevo Sam’s, y a cinco minutos de la clínica del Seguro Social.

Una de las mujeres, que prefiere guardar anonimato, por vergüenza a que en su colonia se den cuenta de la situación por la que  atraviesa cuenta que tiene desde el 2012 luchando para recuperar su casa.

A ella tampoco le notificaron que su vivienda se había adjudicado. Los últimos pagos que pudo realizar los hizo en el 2009, e inmediatamente a la primera falla de pago, dice, le bloquearon la cuenta.

Tiene 21 años viviendo ahí. Perdió el ánimo de hacerle arreglos a su casa. Piensa que en cualquier instante llegarán las autoridades y la sacarán junto a su familia. Aguanta porque no tiene adonde ir.

 

AMLO está enterado

 

Del Val dice que, en la primera visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a la ciudad, le entregaron en sus manos un folder con la situación bien explicada sobre la situación por la que están atravesando miles de familias, y ahí mismo, algunas propuestas escritas para resolver la problemática.

“El presidente giró instrucciones al entonces delegado de programas de Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, para que les hiciera una cita con el delegado del Infonavit, pero eso nunca sucedió”, precisa Del Val.

La desesperación y daño moral y a la salud es devastadora, coinciden los tres afectados. “Queremos seguir pagando nuestras casas, no nos negamos, pero que nos escuchen y que respeten el derecho que tenemos como trabajadores a contar con una vivienda”, dice la señora Max.

Estamos unidos, tenemos una red, y si pretenden desalojar a alguno de nosotros no lo vamos a permitir, sentencian.

 

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