LA AUDIENCIA en la que fueron vinculados a proceso los exfuncionarios Gerardo Villegas, exdirector de Administración de la Secretaría de Hacienda y de Ricardo Yáñez, extitular de Educación, destapó uno de los escándalos mejor guardados del sexenio de César Duarte: el presunto desvío de recursos del gobierno estatal para apoyar en 2016 la campaña política del candidato priista, Enrique Serrano Escobar.
EN HORAS de la madrugada del domingo, y tras una larga jornada allá en Ciudad Judicial de Chihuahua, Yáñez y Villegas escucharon los alegatos del ministerio público sobre su supuesta participación en el desvío de unos 250 millones de pesos para gastos de campaña del abanderado del PRI. Una auténtica bomba política.
DE ACUERDO a versiones de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación solicitó en febrero del año pasado a la Secretaría de Hacienda, suficiencia presupuestal para distintos programas. Sin embargo, los fondos, según el testigo protegido identificado como T701/2017, habrían terminado en la fallida campaña política en la que estrepitosamente el PRI perdió casi todo en el estado.
LAS COMPAÑÍAS mencionadas son: Sina, que cobró 55 millones para capacitación de personal; Servicios Asesoría A, cobró 46 millones; Despacho Futura, 90 millones por planeación y diseño de software, además de Sistema Integral de Trámites de Personal, 60 millones adicionales.
DESDE LUEGO que el exalcalde de Juárez más tardó en conocer la versión de la Fiscalía durante la audiencia de Villegas y Yáñez, que en salir ante la opinión pública para rechazar lo dicho por el testigo protegido, afirmación que vuelve a tambalear la estructura de un partido en decadencia, corrompido hasta la entraña, y cuya credibilidad en estos días anda en menos cero ante el repudio ciudadano.
ANTE TAN espantoso señalamiento de corrupción, en caso de que éste sea verídico, el reflector apunta también hacia la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, el principal órgano responsable de auditar las finanzas de los partidos durante las campañas. El caso por supuesto salpica para todos rumbos, por lo que deberá ser revisado a fondo.
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LA ADMINISTRACIÓN del gobierno municipal independiente que encabeza Armando Cabada Alvídrez y la mayoría de los regidores que componen el ayuntamiento se preparan para dar una larga batalla que podría extenderse todo su mandato de dos años, más el tiempo que resulte, en caso de reelección.
LA BATALLA que la administración municipal libra es contra la Sindicatura y su titular Aarón Yáñez.
EL MOTIVO de la discordia, se basa en que al síndico de ninguna manera le van a permitir auditar lo que por ley está obligado a hacer. El fondo del caso, es establecer quién en el ayuntamiento respalda la posición de la abrumadora mayoría de directores generales y funcionarios de primer nivel que se han prestado para politizar el tema, en lugar de atender lo que la ley dispone en materia de transparencia.
EN LAS últimas semanas, los auditores de la Sindicatura literalmente han sido echados de áreas como la Oficialía Mayor, la Operadora de Estacionamientos de Juárez, Servicios Públicos y la Dirección de Obras Públicas.
LA EXTRAÑA posición de los funcionarios de la gestión independiente, que contraviene el espíritu de transparencia, sumada también a la de los regidores del mismo signo político, es en el sentido de que al síndico sólo le alcanzan sus facultades para auditar la cuenta pública de la Tesorería, mas no al resto de las áreas que conforman la administración local.
PERO POR el otro lado, la versión del síndico Yáñez, se basa en que los funcionarios rijosos estarían cometiendo violaciones graves al Reglamento Interior del Ayuntamiento así como al Código del Estado, por lo que podrían ejercerse acciones de otro tipo para castigar, incluso penalmente, a quienes violentan la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos. El caso está que arde.
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