El abstencionismo se ha venido convirtiendo en oxígeno puro para el ejercicio discrecional del poder público. Es el santo grial descubierto por grupos políticos minúsculos frente al inmovilismo ciudadano de la inmensa mayoría.
Llama la atención de Mirone una gran controversia pública suscitada en la denominada caja de resonancia del estado, la ciudad de Chihuahua, capital de la entidad, asiento de los tres poderes estatales.
Allá el presidente municipal, Javier Garfio Pacheco, decidió unipersonalmente llamar a la capital “la ciudad del encino” y plantar miles de arbolitos por algunos de los principales camellones de la ciudad.
El alcalde no le preguntó a los habitantes de Chihuahua si querían los encinos, ni consultó a los regidores –ni siquiera a los de su propio partido, el PRI–; tampoco fue un compromiso de campaña electoral ni incluyó ese aspecto en el Plan Municipal de Desarrollo 2013–2016. Nada: nomás tomó 20 millones de la Tesorería y se agarró comprando los árboles en una operación en que, se ha insistido, tienen que ver familiares del edil. Está haciendo negocio, pues.
¿Estaba la ciudad de Chihuahua como para gastar todos esos millones en algo de maquillaje extra? No. La ciudad tiene otras grandes prioridades, enormes carencias, que debieron ser atendidas antes que pensar en árboles y flores (fueron también colocadas flores por más de un millón de pesos en los mismos camellones). Para completar el cuadro, el alcalde mintió en sus primeras explicaciones sobre el proyecto: respondió que los árboles habían sido donados por constructores.
Garfio fue electo en el 2013 por menos del 30 por ciento de los ciudadanos chihuahuitas en posibilidades de votar. El listado nominal para esa elección fue de 601 mil 743 electores. La participación general fue importante, del 48 por ciento. Por Garfio votaron cerca de 160 mil electores, pero votaron en contra o de plano no quisieron votar por él casi 445 mil.
Ese es un pequeñísimo ejercicio sobre una de las implicaciones del abstencionismo electoral, aunque sea más grave el inmovilismo cívico frente a los actos de gobierno discrecionales y, peor aún, frente a las acciones gubernamentales en contra de la sociedad misma.
La felicidad de los gobernantes debe ser infinita en esas condiciones. Pueden comprar árboles o flores sin pedir permiso a nadie, pueden construir un Camino Real, o una Ciudad Judicial o decretar que la ciudad requiere de un Plan de Movilidad Urbana utilizando hasta miles de millones de pesos sin tomar en cuenta más allá de los subordinados miembros de la partidocracia que gustosos le tapan el ojo al macho con algún supuesto berrinche público, pero terminan aprobando todo. Hoy por ti (PRI), mañana por mí (PAN).
¿Alguna vez algún diputado o senador del PAN en la oposición ha consultado a sus electores sobre el sentido de su voto en asuntos como el IVA o el Plan de Movilidad? No. ¿Alguna vez lo han hecho los priistas como opositores? Tampoco; menos como gobernantes.
Viene todo esto a cuento porque, conforme avanza el proceso electoral para elegir a nueve diputados federales en el estado, huele a una intensa promoción del abstencionismo desde el poder estatal.
Los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) están reduciendo sus campañas exclusivamente a los sectores que les garantizan el famoso voto duro. Han recibido indicaciones de no promover la asistencia a las urnas de manera generalizada porque pueden perder.
Hay malas calificaciones de la ciudadanía hacia la Presidencia de la República (en manos del PRI), hacia el Gobierno del Estado (también en manos del PRI) y hacia la Alcaldía (PRI). Nada bueno podrían esperar los candidatos tricolores a su favor de una votación masiva.
A nivel nacional está el escenario literalmente que arde, con algunas excepciones. A los gobiernos priistas les está yendo muy mal, empezando por el federal; Chihuahua ha superado bastante esas condiciones, su gobernador aspira con bastante persistencia a colocarse en el plano nacional. Se ha dado a la tarea de por lo menos enviar el mensaje de que su partido está en posibilidades de ganar los nueve distritos y que viene con mayores triunfos aun que Reyes Baeza. Pero en Chihuahua, ni recuperada en gran parte la seguridad, hay respuesta con buena calificación hacia la autoridad estatal; de ahí el riesgo de que la eventual votación masiva pudiera ser en contra del PRI.
Históricamente así es la reacción social. La ciudadanía enojada con un mal gobierno del PAN en el 1998 salió a votar casi en un 60 por ciento del listado electoral nominal; votó a favor del candidato del PRI a gobernador. En el 2000, los electores estaban enojados con el PRI en la Presidencia de la República y votaron por el PAN en un 47 por ciento; pero tras 12 años, los votantes le dieron la espalda al blanquiazul y votaron en cerca de 37 por ciento por Peña Nieto.
Hoy entonces no le conviene al tricolor moverse demasiado según las estadísticas, pero en el pecado puede llevar la penitencia. Quienes promueven la reducción de la campaña solo hacia “las estructuras del partido”, estarían jugando a la ruleta rusa, porque en esta ocasión ni esas estructuras están garantizadas por la gran molestia existente entre los “promotores” del voto hacia las autoridades de distintos niveles que les han reducido salarios, los tienen sometidos a dinámicas laborales de terror y a muchísimos de ellos los han dejado fuera de la burocracia, única que en tiempos normales garantiza los votos favorables.
Quizá no sea el mejor ejemplo, pero no deben olvidar los promotores del abstencionismo aquella elección extraordinaria local del 2002 por la Presidencia Municipal de Juárez, en la que no alcanzó el presupuesto de todo el Gobierno estatal (manejado por el PRI) para derrotar a la oposición en dos ocasiones. El PAN obtuvo 139 mil votos contra 137 mil del PRI en la segunda elección. Varios medios de comunicación, esencialmente NORTE, fueron fundamentales en la derrota del tricolor. Todo el peso del Estado había sido dejado caer contra esta empresa periodística. Hubo abstención, y mucha. Votó el 36 por ciento de la lista nominal, pero el “voto duro” del PRI falló en un porcentaje importante, no alto, pero sí suficiente para hacer perder al candidato del tricolor. Fue el Waterloo de Patricio Martínez, aunque hoy sea senador y haya ganado en Juárez; a pesar –otra paradoja– de haber perdido ampliamente en su ciudad, Chihuahua capital.
Las estrategias de sofocar las actuales campañas y a los candidatos con temas de mayor impacto mediático también son armas de doble filo por la misma razón: los abanderados priistas se quedan expuestos al mismo “voto duro” que les puedan generar las “estructuras” nada confiables, esencialmente en las zonas urbanas.
Es posible que la estrategia del abstencionismo funcione –parece que hasta el PAN lo promueve, sus candidatos se mueven poco y mal–, pero de aquí a la elección falta todavía un mes en el que suceden hechos como el de Guadalajara que debilitan enormemente el PRI, y decisiones de jefes burócratas estatales y municipales que afectan con despidos y terror a su “voto duro” sin que se note en contrario –más allá de la campaña por la abstención– ninguna campaña para publicitar las que se consideren fortalezas, ni de la Federación, el Estado o el Municipio. Hasta el momento la apuesta es por el día D: guardar toda la estructura y el dinero para llevar a cada votante a las urnas el 7 de junio.
Desde Jalisco el narco recuerda quién manda
Las escenas de guerra que se vieron en la jornada del viernes en Guadalajara, otras poblaciones de Jalisco y las zonas limítrofes con entidades vecinas, dan cuenta de que está casi intacta la capacidad del crimen organizado para reproducirse, mantener control territorial y desafiar al Estado.
Ayer fue Jalisco, pero hace unos días sucedió algo similar en Tamaulipas, a menor escala, y aún no termina de sofocarse la crisis social, económica y política de Michoacán y Guerrero, detonada por la incrustación del narcotráfico en todos los ámbitos en esas entidades. Antes fue Nuevo León y primero fue Chihuahua.
La violencia desatada en Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato, con saldo de siete muertos, alrededor de 20 heridos, narcobloqueos con incendios de bancos y estaciones de gasolina, además de un helicóptero militar derribado, evidencian que el narcotráfico, inseguridad y violencia persisten, con matices distintos a lo que se vivió en el sexenio calderonista, pero están ahí activos y actuantes ahora en la era de Enrique Peña Nieto.
El Gobierno federal atribuyó las escenas de guerra del viernes a una reacción virulenta del crimen organizado por un operativo militar iniciado en la región, en busca de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, derivado del Cártel de Juárez.
Se dijo que en el operativo militar se había dado la captura de Abigail González Valencia, El Cuini, unos de los lugartenientes del capo. El mismo discurso se empleó días atrás en Tamaulipas.
Sin embargo, no explican suficientemente la capacidad de respuesta del enemigo, que actuó simultánea y coordinadamente en cuatro estados, además del ataque a elementos del Ejército con el derribo del helicóptero, que implica desafiar directamente a la estructura del Estado mexicano.
El Gobierno de Peña Nieto, como antes el de Calderón, parece desconocer que el fenómeno del narcotráfico en el país va más allá de la detención de los dirigentes de las organizaciones criminales, porque más se tardan en detener o abatir a uno, cuando ya hay una larga lista de sucesores para tomar el control del caído.
Los relevos criminales se pueden dar en forma soterrada, como está sucediendo en Chihuahua, o más estruendosa, pero son inminentes, y el control de las zonas que dominan sigue intacto.
Aquí los hemos visto recientemente con la captura de Jesús Salas Aguayo, El Chuyín, que tomó la plaza después de la detención de Vicente Carillo, y hace menos de un mes, cuando se conoció su detención en Villa Ahumada, donde vivía a vista de todos, ya tenía sucesores.
Salas Aguayo iba y venía por el corredor Juárez–Ahumada–Galeana y el resto de los municipios del noroeste del estado con toda libertad. El día de su detención, en Villa Ahumada, la gente salió a la calle y se lamentó del hecho “porque era muy buena persona y ayudaba a la gente necesitada”.
Eso nos remite a un aspecto más delicado, pues independientemente de los golpes que se le da al narcotráfico con la detención de capos, la presencia criminal persiste; pero además cuenta con una base social de apoyo, conformada por un ejército silencioso de personas que encuentran en sus filas un medio para sobrevivir en mejores condiciones a las generadas por los tres órdenes de Gobierno. Eso sin contar a sus operadores en las instituciones públicas, empresariales y bancarias.
Eso ha quedado demostrado en Michoacán, Guerrero, ahora en Jalisco, Colima, Guanajuato, Tamaulipas y en todas las entidades donde el Estado ha implementado operaciones militares contra el narcotráfico, donde se evidencia el poder fáctico de las estructuras criminales.
El punto más interesante es la coyuntura en la que se dan los acontecimientos de Jalisco y entidades vecinas: justo en el arranque del segundo mes de las campañas electorales federales, donde se juega el refrendo de la Administración del presidente Enrique Peña Nieto.
El legañoso primer mes de proselitismo político de los aspirantes a la Cámara de Diputados no despertó el interés de los ciudadanos. Las propuestas y promesas de campaña han sido intrascendentes y los más interesados en no mover el avispero han sido los abanderados del propio sistema PRI, para que en un escenario de baja participación el voto duro, movilizado con dinero el 7 de junio, fuese el dominante.
En el 2012, la promesa principal de campaña con la que Enrique Peña Nieto y los representantes del sistema PRI salieron en busca del voto, fue la de acabar con la violencia, la inseguridad y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.
A tres años es evidente que las condiciones económicas son peores, no solo a nivel micro, directamente en el bolsillo de las familias, sino en las variables macroeconómicas, porque ahora tenemos caídos los ingresos petroleros y un dólar por las nubes.
Si además se hace evidente que la violencia sigue igual que antes, el impacto sobre los electores pasivos puede variar considerablemente, para hacerlos salir a expresar su inconformidad más allá de los likes en las redes sociales, porque hasta ahora los señalamientos de corrupción y conflictos de intereses hacia los miembros del Gabinete presidencial no han permeado suficiente.
Pero el impacto psicológico de las escenas de guerra de Jalisco puede cambiar la ecuación político–electoral si los segmentos más críticos del electorado salen a las urnas el domingo 7 de junio.