Con miras a las elecciones presidenciales de 2018, en las que el estado de Chihuahua empata el calendario electoral al federal, se están alineando los ejes políticos para sendas reformas electorales que toquen las reglas del juego en los tres órdenes de Gobierno.
En el plano estatal, la mayoría panista en el Congreso del Estado, el Poder Ejecutivo, fracciones parlamentarias locales y los alcaldes independientes de Juárez y Parral, autoridades del Instituto Estatal Electoral, del Tribunal Estatal Electoral y del Instituto Nacional Electoral, coinciden en la necesidad de revisar el marco legal en lo tocante a la reelección de presidentes municipales y alcaldes.
Chihuahua es la primera entidad que llegará al proceso 2018 poniendo en práctica la figura de reelección de diputados y alcaldes, y como tal, las adecuaciones que sufra aquí el marco legal pueden servir como ensayo a la figura reeleccionista de los legisladores federales, que tendrán esa posibilidad a partir de 2021.
De ahí la importancia de las adecuaciones que se decidan en las siguientes semanas en los foros de análisis de la reforma electoral del Estado, que fue convocada a inicio de semana por el Congreso del Estado y los representantes de los órganos electorales.
Para el caso estatal, la propuesta general agrupa las modificaciones en siete ejes generales, entre los que se encuentran: regular la figura de la reelección, adecuar el modelo electoral local con el federal, revisar los tiempos y etapas del proceso, el financiamiento de los partidos políticos y los candados que actualmente existen para la figura de los independientes.
Pero la cosa no para en eso. Las precisiones que deberán hacer los partidos, diputados, académicos, abogados, organizaciones y ciudadanos en lo particular, tocan también la figura de los regidores; porque hasta ahora, cuando se eligen autoridades municipales se vota por Ayuntamiento, que incluye al presidente municipal y la planilla de regidores que integran el Cabildo.
Y en ese punto es donde más complejo se presenta el panorama. Si un alcalde se va a reelegir, no se tienen claras las condiciones. Por ejemplo, Armando Cabada en su calidad de alcalde independiente registró su planilla compuesta por alcalde suplente, Alejandro Loaeza, y 20 regidores divididos entre mayoría y de representación proporcional, con sus respectivos suplentes.
En las actuales condiciones de la Ley Electoral, no se sabe si para reelegirse Cabada tiene que separarse del cargo con todo y planilla de regidores, o si estos a su vez van con todo y suplentes. Tampoco se sabe si los suplentes se quedan al frente de los puestos mientras los titulares van por la reelección, llevando a su vez nuevos suplentes; pero eso cancelaría derechos políticos a la segunda opción enlistada en las fórmulas votadas el pasado 5 de junio.
Todo ese merequetengue tendrá que ser definido y representa una oportunidad única para que los ciudadanos de Juárez se replanteen la representatividad que tienen en el Cabildo.
Hasta ahora la planilla de regidores se conforma por cuotas de grupos o sectores partidistas, amigos del candidato a la presidencia municipal, y en menor proporción, ciudadanos comunes.
En una ciudad como Juárez, con una vasta extensión territorial, suena bien la idea de sectorizar la geografía municipal y contar con regidores que representen a los ciudadanos por áreas urbanas, en un arreglo similar a la división distrital que se usa para la representación de diputados locales de mayoría.
Como están las cosas ahora, ¿qué representatividad tienen en el Cabildo lo habitantes del oriente extremo de la ciudad?, ¿cuál de los regidores está cercano a su realidad cotidiana en el plano territorial? Es casi seguro que ninguno de los veinte.
Eso se ve con claridad en la actuación que están teniendo los actuales regidores de mayoría independiente. En menos de cuatro meses, la representación edilicia ya está subdivida en grupos, congregados con base en sus intereses, amistades, fobias, etc.; pero en ningún caso sus arreglos de facto obedecen a la representatividad ciudadana que ostentan.
Hace unos días dimos a conocer las facciones independientes que se distinguen en el Cabildo; en primer término la oficialista, integrada por Irma Celia Medrano, Margarita Edith Peña Pérez, Alfredo Seáñez Nájera y Juana Reyes Espejo.
El grupo de los disidentes, donde se congregan José Ubaldo Solís, Pablo Arana Pérez, Leticia Reyes Martínez y Jacqueline Armendáriz Martínez. Y por último, los independientes químicamente puros, grupo constituido por José Guadalupe Ávila Cuc y María del Rosario Valdez Aranda.
Los regidores independientes son coordinados por Carlos Ponce y de ahí se sigue fraccionando el Cabildo en grupos por partido. E insistimos, obedecen a todo, menos a los ciudadanos que los votaron.
Buscan disminuir la representación proporcional
En la antesala del proceso electoral 2018, que será el más grande en la historia política de país porque además de elegir presidente de la República, senadores, diputados federales y gubernaturas, se realizarán por primera vez comicios concurrentes en varias entidades, entre ellas Chihuahua, para renovar congresos locales y ayuntamientos.
En la coyuntura local, la bancada mayoritaria del Partido Acción Nacional tomó la delantera para encauzar la reforma electoral local, cuyo contenido deberá incluir las grandes líneas arriba mencionadas.
Pero también en el ámbito federal la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados y en el Senado presentó un iniciativa de reforma política que rescata propuestas anteriores de otras fuerzas partidistas y las agrupa con la intención de implementar y regular siete temas pospuestos en los últimos años, entre ellos la eliminación del fuero constitucional de funcionarios, regulación de la reelección de legisladores a partir de 2021 y la instauración de la segunda vuelta presidencial.
Con mayor precisión, la propuesta que relanza el PAN retoma iniciativas del PRI y PRD, encaminadas a la reducción del Congreso; reglamentar la reelección de diputados, fijar la segunda vuelta electoral, aumentar el umbral de votación de partidos, para pasar de tres a cinco por ciento; reducción del financiamiento público a partidos; disminuir la sobrerrepresentación en el Congreso, y la eliminación del fuero constitucional.
Se busca disminuir cien curules en la Cámara de Diputados y 32 en el Senado. De ese total de 300 diputados de mayoría que actualmente existen, se eliminarían 40 distritos, y de los 200 de representación proporcional se dejarían 160. Los 32 senadores de lista o representación proporcional desaparecerían para dejar únicamente 64 de mayoría y 32 de primera minoría.
La misma idea de reducir diputaciones plurinominales ronda la reforma electoral estatal. De los 33 diputados que ahora integran el Congreso Local, se eliminarían seis curules para dejar el número en 27. No se ha delineado si eso incluye un nuevo arreglo distrital.
La reducción no solo pegaría en el ámbito de la representación legislativa. Ciudadanos del noroeste del estado solicitaron a los diputados locales la presentación de una iniciativa especial para ajustar a la baja el número de regidores en los cabildos de municipios medios y pequeños, debido al alto costo que representan para el erario.
Los primeros en poner el grito en el cielo por el contenido de todas esas propuestas son las franquicias partidistas’ como el PT, el PVEM, el Panal, Partido Encuentro Social y Movimiento Ciudadano.
Encaminar reformas en esa línea los dejaría sin posibilidades de arreglos para obtener curules y sin financiamiento público, que ha enriquecido a clanes familiares. En Chihuahua tenemos varios ejemplos: los Águilar del PT, las Aragón del PRD y los Ávila del PT.
Los ciudadanos hemos dejado la discusión y análisis de los asuntos electorales a los partidos políticos, aderezados últimamente por figuras emergentes como los candidatos o gobernantes “independientes”, sin que el resultado final represente el interés público.
Los foros que serán organizados por el Congreso del Estado; tendrían que ser el espacio para llevar a ellos propuestas que garanticen representatividad real a los ciudadanos, por encima de las élites que conforman la clase política.