El Gobierno del nuevo amanecer decidió aislarse de la sociedad que lo llevó al poder.
Así como Donald Trump en sus primeras órdenes ejecutivas se fue contra los migrantes, el gobernador Javier Corral Jurado la emprendió contra los medios de comunicación del estado.
Desde su etapa inaugural, el gobernador y su equipo más cercano decidieron construir una cápsula de protección ante cualquier señalamiento futuro sobre su actuación, descalificando a los medios de comunicación y a “los reporteros proveedores”.
Los acusaron de recibir enormes cifras de dinero de la administración duartista, y por consecuencia cualquier crítica o señalamiento al nuevo régimen es, a sus ojos, una reacción por el cierre de la llave presupuestal.
Esa idea permea en todo el equipo de Gobierno. El coordinador ejecutivo de Gabinete, Gustavo Madero, no se anda con rodeos al expresar sus puntos de vista en esa línea.
En una entrevista que dio –más a fuerza que con ganas– a Héctor González de Televisa Juárez, dijo en tono despectivo que él nutre su análisis con datos e información de New York Times, el Washington Post, The Economist y El País; no lee periódicos locales ni ve televisión. En otras palabras, a los medios del estado los ve como Dios ve a las liebres, chiquitos y orejones.
Madero, miembro de la triada del poder conformada por el propio gobernador y el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, está dentro de esa cápsula que los mantiene lejos de la realidad social, económica y política del estado, que paga sus nóminas. Se acostumbraron a hacer política en el centro del país y el estado lo ven chico.
En la entrevista que le realizó Héctor González, el jefe de Gabinete dice que los medios de comunicación de Chihuahua son reactivos porque se dejó de pagarles mil millones de pesos al año: “Los medios tienen que ser serios, se van a desgastar mucho, ya nadie le cree a los medios de comunicación, están jugando con vaciladas”, contesta con desdén cuando el periodista lo cuestiona sobre malas prácticas del nuevo Gobierno al incurrir en lo mismo que antes criticaron como oposición.
Lo mismo que su jefe, el titular del Ejecutivo, Madero generaliza sobre todos los medios del estado, justificándose en que está hablando de manera conceptual. Durante la entrevista televisiva el coordinador de Gabinete mantuvo un lenguaje verbal y corporal como todo un “pichichi”, ese calificativo con el que los juarenses distinguen a los “pinches chihuahuitas chilangos”.
Y ese es el principal problema, la conceptualización que tiene el nuevo amanecer de la función del Gobierno. Es tan general y amplio ese concepto, que los tres hombres en los cuales descansan las riendas del Poder Ejecutivo andan en todo menos en misa; la operación política la han dejado en el olvido.
El gobernador Corral enfoca parte de su tiempo en enrolarse en temas de política internacional ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos; una buena parte de los cinco meses que ayer cumplió en el gobierno los enfocó a temas conceptuales como la acción preferencial por los pobres, la atención a los derechos humanos e incluso la creación de una ley de protección a los activistas sociales y periodistas.
En parte también –hay que reconocerlo– a desmontar el andamiaje de control heredado por el duartato. Esto último es entendible.
En su partido –el PAN– hay quienes observan en esos afanes del nuevo amanecer una gran dispersión, porque hasta ahorita no se ve claridad en el rumbo que tomará la entidad en materia de inversión pública y desarrollo económico; y aunado al complejo problema de inseguridad, la percepción generalizada es que no hay resultados concretos de la acción gubernamental en estos cinco meses.
Dicen que otro gallo le cantara a la administración corralista si desde un principio el acento estuviera puesto en cinco ejes fundamentales, aunque sonara minimalista: hacer funcionar los hospitales con abasto de medicamentos, tener las escuelas abiertas, atender los problemas de inseguridad, mantener el nivel de empleo y meter a la cárcel a Duarte y cómplices.
Todo lo demás que se lograra sería un plus. Pero en vez de eso se dispersaron los planteamientos con tema de la justicia social, el combate a la pobreza, el tema de atención a los migrantes, etc., etc., de manera que es casi imposible ofrecer resultados concretos en algún rubro.
Cuando algo de eso se señala por parte de algún actor de la vida política, social o económica y llega el tema a los medios de comunicación, lo encuadran en la reacción mediática por la pérdida de privilegios. Dentro de la cápsula en que viven los hombres y mujeres del nuevo amanecer, todo tiene esa lógica.
Con esa misma perspectiva atienden la mayoría de los asuntos. El jueves pasado estuvo en Chihuahua el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, en una reunión de trabajo para definir el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En la reunión que se llevó a cabo en el salón Miguel Hidalgo de Palacio ni estuvieron todos los activistas que son, ni son todos los que estuvieron, en cuanto a los grupos de defensores de derechos humanos; menos en el caso de los periodistas. Tampoco se concretó nada, continuarán en mesas de trabajo antes de llegar a otra reunión de la que saldrá el documento final y un acuerdo con el Gobierno del Estado.
De ahí, parte de los asistentes pasó a la Torre Legislativa, donde se pretende discutir una Ley Estatal de Protección a Activistas y Periodistas y, otra vez, la convocatoria incluyó el mismo grupo de participantes, si acaso ampliada al presidente del Foro de Periodistas, a un representante de la carrera de periodismo de la UACH y dos periodistas más.
El grueso de los trabajadores de los medios de comunicación del estado, corresponsales de periódicos y cadenas de radio y televisión nacionales, fue ignorado. Solo dos voces pusieron el acento en ese despropósito: Raúl Gómez Franco, exeditor de El Diario de Juárez, y Patricia Mayorga, corresponsal de Proceso. ¿Dónde están los periodistas?, preguntaron ante la evidente incomodidad de los organizadores de ambos eventos.
Enfocarse en una ley de protección a periodistas cuando el Gobierno del Estado ni siquiera ha definido el marco rector de su modelo de comunicación oficial, la relación con la prensa y la reglamentación de la publicidad oficial, muestra otra vez el desdén que se tiene por el periodismo y los medios de comunicación.
Al parecer los periodistas blancos e impolutos ya están bajo la égida gubernamental, ocupando algún puesto en la estructura del voluminoso aparato de comunicación oficial. Los demás no merecen ser tomados en cuenta, ni siquiera para platicarles cómo están pensando protegerlos.
Porque uno de los puntos centrales que debería tocar la Ley Estatal de Periodistas –los activistas se cuecen aparte– es la reglamentación de la publicidad oficial y el gasto presupuestal en ese rubro.
En eso no pueden ser ajenas las empresas del ramo, como ahora están las cosas, sin ninguna definición en esa área. Los principales perjudicados son los propios trabajadores de los medios, que están viendo perder fuentes de empleo ante los ajustes hechos por las compañías.
El tema es de enorme complejidad. Tanta, que incluso debe tocar el papel de las instituciones de educación superior del estado, que ofertan carreras de Ciencias de la Comunicación y Periodismo y producen semestralmente decenas, si no es que cientos de egresados, para los que no existe mercado laboral.
Sin embargo, todo eso no está en el campo de visión de los nuevos prohombres del Gobierno estatal. La realidad que los medios reflejamos obedece solo a la chequera vacía.
Es así como no disciernen con claridad que la falla principal de todo es la política, que el error está en la falta de humildad, tacto y sensibilidad para explicar las razones detrás de la toma de decisiones.
La estructura del Gobierno no tiene el armazón para realizar operación política eficiente, está probado. En estos cinco meses, su mayor éxito hasta ahora son los cambios en el Poder Judicial.
Fuera de eso, las cosas no fraguan adecuadamente. El ejemplo más reciente y aún vigente es el de los cinco alcaldes panistas –de entre los seis municipios intervenidos– que están en contra de la forma en que se llevó a cabo la implementación del mando policial único.
Quizá su derecho de pataleo sea su propia estrategia de protección ante el poder del narco en sus localidades, que les ha infiltrado a la Policía, pero como se ven las cosas desde fuera, el escenario luce extremadamente complicado; y de lo que dan cuenta los medios de comunicación no obedece a la cantaleta con la que el Gobierno justifica sus errores. Es su propio reflejo en el espejo.