EN ESO DE la esgrima política entre la actual administración estatal contra exfuncionarios del anterior régimen, aunado al enrarecimiento del ambiente en el estado de Chihuahua, el escenario es ideal para cualquier capítulo del famoso thriller político “House of Cards”, en capítulo estelar triple A.
LITERALMENTE toda la clase política en el estado –pero en particular la del PRI y PAN– ha permanecido al borde del soponcio, atenta al desarrollo de la llamada Operación Justicia para Chihuahua lanzada desde Palacio, y que tiene como objetivo castigar los presuntos actos de latrocinio y el resarcimiento del patrimonio saqueado.
A MUCHOS priistas se les borró ayer la sonrisa después de conocer la noticia de la detención –en menos de 24 horas– de tres exfuncionarios acusados por presunto peculado, y la versión de que la Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentra en busca del exgobernador César Duarte, exhibido por el jefe del Ejecutivo como prófugo de la justicia.
DE MANERA amplia los círculos políticos y sociales de la frontera han tenido conocimiento de que el exgobernador trasladó su residencia a El Paso después de terminada su gestión. De aquel lado del charco, Duarte frecuentemente es observado en lugares públicos, reunido con varios de sus más cercanos excolaboradores.
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ACOMPAÑADO del abogado Maclovio Murillo, consejero jurídico de la administración estatal, Javier Corral fue cauto en sus aseveraciones, cuidando las maneras y hasta las comas para no entorpecer los procedimientos judiciales que están en marcha.
ASIMISMO reveló haber iniciado gestiones con las autoridades mexicanas y norteamericanas para llevar a cabo la detención de César Duarte –dijo– con fines extraditorios. “Que sea expulsado bajo la cláusula de repatriación por pernicioso e indeseable en aquel país”, arremetió.
POR CIERTO, ayer mismo partió desde el aeropuerto de El Paso con rumbo a Houston, en vuelo comercial, un grupo de personas entre quienes se pudo reconocer a Everardo Medina, uno de los exfuncionarios señalados dentro de las investigaciones.
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LOS SALDOS de esta guerra política tienen ya en calidad de detenidos al exalcalde de Chihuahua y exsecretario de Obras Públicas, Javier Garfio; el exdirector de Administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas, y el extitular de la Coesvi, Ricardo Yáñez; este último acusado del desvío de alrededor de 240 millones de pesos cuando fue secretario de Educación.
EL PLEITAZO político fue desatado por aquella incendiaria expresión de que “Chihuahua se descompuso”, lanzada el fin de semana por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien encendió el ánimo de Javier Corral. El mandatario estatal decidió acelerar el curso en la integración de denuncias.
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MIENTRAS Corral daba señales claras de estar decidido a reventar lo que él mismo califica públicamente como toda una red de corrupción del primer círculo de Duarte, surge un cuarto personaje que es rastreado por la justicia. Se trata de Antonio Tarín García, exdirector de Adquisiciones del duartato.
DE MANERA simultánea –mientras Corral daba a conocer en el salón Rojo de Palacio la calidad de Duarte como perseguido por la ley–, en la capital país, en la Cámara de Diputados, continuaba el desarrollo de esta trama en la que diputados del PRI (incluidos los de Chihuahua) usaron su fuero para convertirse en cómplices y protectores de un prófugo de la justicia.
UN GRUPO de dieciséis agentes ministeriales esperaba a las afueras del recinto legislativo la salida de Antonio Tarín, quien fue arropado por la bancada priista que infructuosamente y pese a la presión del líder parlamentario tricolor, César Camacho, hizo hasta lo imposible para que rindiera protesta como diputado para cubrir la suplencia del fallecido Carlos Hermosillo.
MUY VIVA la diputada panista juarense Cristina Jiménez, acompañada de otros colegas, se adelantó a los tricolores, denunció las irregularidades para blindar a Antonio Tarín y de manera exitosa (con el apoyo de la mayoría de los legisladores, menos los del PRI) se frenó la estrategia de César Camacho.
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EL SISTEMA Cobach es otra de las áreas donde el nuevo amanecer dice haber encontrado una serie de irregularidades.
JUSTO ayer la directora general, Teresa Ortuño, reveló un millonario desfalco por 300 millones de pesos, con implicación directa a los extitulares de esta área, José Luis García y Miguel Primo Armendáriz. Por tal motivo fue presentada oootra denuncia en la Fiscalía por presuntos actos de corrupción, y tanto García como Primo serían el nuevo blanco de Palacio para ser llevados ante la justicia.
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LA CACERÍA desatada en contra de exfuncionarios por supuesto que llegó al Congreso local, donde la coordinadora del PRI –Karina Velázquez– aseguró que Corral habría levantado una cortina de humo para hacer olvidar a la opinión pública las condiciones de inseguridad en la entidad. Miguel La Torre, coordinador panista, a su vez responde que el castigo a la corrupción es un acto de justicia para todos los chihuahuenses.
Y EN MEDIO de todo este infortunio político, del que los únicos perdedores son los ciudadanos, el diputado de Movimiento Ciudadano Miguel Vallejo presentó ante el Congreso una iniciativa de ley para que los ciudadanos puedan revocar de sus cargos a servidores públicos. En la actualidad, nuestra democracia mocha solo permite elegir a gobernantes, mas no retirarlos del poder.
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AYER estuvo en esta frontera el gerente de Inteligencia Comercial y Mesa de Control de la Unidad de Solución Social del Infonavit nacional, Amaury López López, reunido con el delegado Enrique Medina Reyes y el subdelegado Jaime Flores Castañeda. Querían pasar calladitos, porque ni pío dijeron del encuentro.
FUENTES que a veces tienen que mudarse de casa por miedo a ser desalojadas por inmobiliarias abusivas comentaron a este columnista que los funcionarios federales andan más que nerviosos porque el asunto de los juicios de Nayarit ya se les salió de control.
LOS EXPERTOS del instituto no calcularon que quitarle su casa a una familia que la había dejado de pagar por tener que huir de la violencia no era una decisión muy atinada. La visita, más que responder a un repentino acto de iluminación divina a favor del pueblo, parece una estrategia de control de daños por el proceso electoral federal, que ya está a la vuelta de unos meses; saben bien que si no apagan el fueguito hoy, en 2018 van a tener un infierno.
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EL TEMA de las pensiones de los exfuncionarios de la administración pasada volvió a los espacios de decisión del Gobierno municipal independiente con la notificación de una demanda interpuesta en el Juzgado Quinto de Distrito del Poder Judicial de la Federación.
EL EXREGIDOR Alberto Reyes Rojas, coordinador de la fracción mayoritaria priista en el Ayuntamiento 2013–2016, no se ha quedado sentado en la mecedora esperando que la fe y la esperanza por sí solas le hagan el milagrito de verse pensionado.
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UN ASUNTO laboral que podría poner en aprietos al Gobierno independiente son los 900 empleados de la lista de raya, caso que Cabildo se comprometió a revisar, pues bajo este estatus de relación laboral, sus derechos y condiciones son más flexibles que las contrataciones outsourcing.
HACE TRES semanas el regidor Jesús Alfredo González, del Panal, propuso que el Gobierno formalizara con ellos una relación laboral, pues entre ellos hay trabajadores con 15 o más años de servicio y no se les reconoce ningún derecho.
MUCHOS se desgarraron las vestiduras y prometieron hacer justicia, pero hasta el momento no han celebrado ni una sola reunión de comisiones del Ayuntamiento involucradas en este tema, que parece el más marginal entre todos los asuntos pendientes de resolver. Solo se comprometieron a hacer un exhaustivo análisis del costo–beneficio.