MIENTRAS el presidente de la Diputación Permanente, Fernando Reyes, difruta la canonjías del cargo con el que fue premiado por su voto a favor de la Ley Antibronco, dirigentes de su partido, Movimiento Ciudadano, vienen y descalifican su actuación. Sufren la incongruencia y la traición del político chihuahuense.
REYES y su esposa Teporaca Romero, hija del exsecretario general de Gobierno, anduvieron coqueteando un rato con las huestes de Marco Quezada en la capital del estado, pero cuando les jalaron la rienda o les pusieron en la balanza los negocios de asesoría de legislador con los gobiernos municipales y los permisos para cantinas y congales, los dos empaquetaron sus simpatías por el exalcalde y votaron por las trabas a la candidatura independiente. No son tan tontos como El Pioj” Herrera para ofenderse “por detalles”.
PERO resulta que el camino andado que llevaban sirve ahora para exhibir sus nuevos acuerdos, económicos o políticos. El secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, reveló que para esa organización política es prioridad una eventual alianza con el exalcalde de Chihuahua Marco Adán Quezada, e incluso con el voluble y supervulnerable expanista Antonio López Sandoval, con miras a las elecciones del próximo año, en donde ambos puede ser impulsados como candidatos independientes.
EL MOVIMIENTO Ciudadano tendría para ello que brincar la tranca de los candados a la legislación electoral, aprobada en Chihuahua por su angelito Fernando Reyes, reforma que por cierto sigue atorada en el estómago ruidoso del Poder Legislativo, que no ha podido concluir el proceso para enviarla al Ejecutivo a fin de que sea promulgada.
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OTRA vez apareció el vaso medio lleno en la óptica gubernamental, porque ayer al presentar oficialmente el esquema de Arrendavit, como se le llama a la renta de las casas abandonadas del Infonavit, por medio del cual se pretende dar viabilidad a la colocación de 18 mil palomares dispersos por todo Juárez, el gobernador César Duarte y el director general del Fondo de Vivienda de los Trabajadores, ponderaron el asunto como si fuese un éxito total y la panacea a la solución de un problema social, económico y político para los fronterizos.
LA VERDAD a secas, es que la recuperación de vivienda abandonada del Infonavit y la adquisición de la misma por parte del Estado ha sido a todas luces un sonoro fracaso. Desde que se anunció con bombo y platillo el programa hace casi tres años, únicamente se han logrado colocar 2 mil de las 18 mil casas destruidas que existen en Juárez y nada de las 7 mil en la capital del estado y otros municipios.
PESE a todo, es deseable que el esquema de Arrendavit funcione, porque siempre será deseable que las familias de los trabajadores de menores ingresos tengan una minúscula casa de block y un techo donde vivir, que el camino de la invasión en terrenos ajenos, donde construyen chozas de hule y cartón.
POR CIERTO que el exregidor perredista y exdirector de Obras Públicas del Municipio de Juárez José Luis Rodríguez, se trasladó con los cuatro chícharos que caben en su automóvil y se fueron a hacer una protesta a las oficinas de la delegación en Chihuahua del Infonavit. Siquiera hubieran leído a Mirone para saber que allá no habría nadie, y hasta barata le hubiera salido la manifestación allá en la colonia Las Haciendas, donde andaban todos los funcionarios a los que fueron a buscar. A veces se requiere tino hasta para manifestarse.
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LOS EMPRESARIOS fronterizos y sus congéneres nacionales ahora sí le están viendo las orejas al lobo con la devaluación del peso que rompió por décimo día el récord al alza, al situarse en promedio a 16.64 pesos y aquí a 16.10 en casas de cambio, porque sigue inminentemente una escalada inflacionaria. No hay de otra.
EL TIRO ya está cantado: la Confederación de Cámaras Industriales exigió al Gobierno federal y a la Comisión de Cambios del Banco de México intervenir en forma contundente para frenar la depreciación, porque el reetiquetado de todos los productos ya está encima.
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EL TEMA del inflado del padrón electoral del PAN amenaza con convertirse en una bomba que estallará a mediados del próximo mes, entre más se acerca la fecha de la elección del dirigente nacional. La denuncia del senador Javier Corral Jurado ya está en la mesa de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, y dará coletazo en Chihuahua, donde siguen bajo investigación más de 800 afiliaciones cuestionadas.
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MAÑANA andará en Juárez la senadora Graciela Ortiz, como parte de su agenda de contacto con grupos sociales, económicos y políticos con miras a reforzar su proyecto de convertirse en la candidata del PRI a la Gubernatura, lo mismo que hacen el resto de los aspirantes del tricolor Enrique Serrano, Javier Garfio, Lilia Merodio, Marco Adán Quezada y Héctor Murguía, a pesar de las indicaciones para mantenerse quietos, en espera “de los tiempos del partido”, como marca la liturgia priista. Si el primer priista no hace caso, nadie le hace caso al primer priista.
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EL PRESIDENTE del Consejo del INE, Alejandro Sherman Leaño, eludió una vez más la responsabilidad del Instituto en torno al alarmante abstencionismo registrado en el pasado proceso electoral, que ascendió en el estado a casi el 70 por ciento, además de una clara desorganización de todo el proceso. Se lavó las manos con Cloralex.
LA SESIÓN de ayer en la capital fue más bien cosmética. Se rindieron informes de los juicios de inconformidad que presentó en su mayoría el PT ante el riesgo de perder el registro, números de participantes, de representantes, capacitadores, cantidad de sesiones… en fin, pocas cosas de trascendencia.
LO REALMENTE preocupante es que en el mensaje del consejero presidente, el tema del abstencionismo fuera completamente excluido; no hay una explicación, vaya, al menos una justificación del decepcionante papel del INE en Chihuahua.
DESPUÉS DEL 7 de junio, los reclamos de los partidos han sido constantes. La sesión de ayer no fue la excepción: el representante del PAN, Javier Corrales Millán, y el de Morena, Sergio González Rojo, pusieron el dedo sobre la llaga, pero la protesta de nuevo fue ignorada; no hay ni habrá una respuesta formal, solo evasivas.
EL DATO que sí es interesante, pero que no se dijo, es que al menos el 33 por ciento del total de las casillas distribuidas en los nueve distritos electorales sufrieron sustitución de funcionarios el día de la jornada o antes de ella, porque no fue ni el presidente ni el suplente; no hubo capacidad de convencimiento o, en su caso, de previsión.
ESTO SIGNIFICA a que al menos unos mil 500 presidentes de casilla fueron tomados de la fila para colocarlos en una posición donde no sabían nada, porque simple y llanamente no fueron capacitados, cosa que le fue notificada al Consejo General del INE por la mayoría de los partidos.
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CHIHUAHUA, junto con los estados de Coahuila, Nayarit, Puebla y Quintana Roo, entraron en el último paquete de designaciones de consejeros que tiene programado el Instituto Nacional de Electoral, por lo que tiene hasta el 30 de octubre del presente año para que dé a luz al organismo que vendrá a sustituir al Instituto Estatal Electoral que dirige el alicaído narciso de la política electoral, Fernando Herrera Martínez.
YA PASARON varias etapas, que incluyeron el registro de aspirantes, verificación de los requisitos legales y examen de conocimientos; todos estos basados en requerimientos concretos; se puede decir, objetivos. Esto derivó en una depuración de la lista inicial de interesados en formar parte del nuevo OPLE, que era de 165 personas, hasta quedar en 50.
LUEGO VIENE la parte menos objetiva del proceso. El sábado pasado se llevó a cabo la realización del ensayo presencial, al cual asistieron los 50 candidatos restantes, cuya evaluación estará a cargo de una comisión de especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). Cada ensayo será revisado por tres personas; cada una por separado deberá dar una calificación igual o superior a 7 para que el candidato sea considerado como “idóneo”.
DE ESA preselección surgirán los finalistas, quienes entrarán a una fase todavía menos objetiva, que es la de “valoración curricular y entrevista”, para la cual serán designados uno o varios consejeros del INE, quienes realizarán las entrevistas y la valoración. Sus dictámenes serán sometidos a consideración del pleno del Consejo General; cada uno de los siete consejeros deberá recibir al menos 8 de los 11 votos del Consejo para que pueda considerarse electo.