La denuncia contra varios funcionarios estatales encabezados por el gobernador, César Duarte, presentada hace dos meses por Jaime García Chávez, ha decantado al duartismo, dejando a sus integrantes expuestos frente al resto de los grupos políticos del tricolor.
Ante los señalamientos de presumibles actos de corrupción que han escalado la esfera nacional, el titular del Ejecutivo y sus allegados no han conseguido las indispensable muestras de respaldo político, más allá de las expresiones de defensa que se dan entre ellos mismos.
Eso se observó con claridad el miércoles pasado en el Pleno del Senado de la República, a cuya tribuna subió la denuncia del caso Unión Progreso, por medio de un punto de acuerdo presentado por el senador juarense, Javier Corral.
Duro, lapidario, como ya lo había sido una semana atrás en Chihuahua, el legislador panista dejó caer como plomo hirviendo los señalamientos hacia el gobernador Duarte, vinculándolo a la comisión de presuntos delitos como enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades.
En un primer momento, los senadores del PRI intentaron aislarlo, formaron grupos en los que cuchicheaban entre sí, mientras el panista hablaba en la tribuna sobre la “sofisticada manipulación de la ley y de los recursos económicos que administran el gobernador Duarte junto a varios de sus más cercanos colaboradores”.
El panista no tuvo ningún freno ni personal, ni por parte de su partido, y, extrañamente, ni por parte de quienes hacen mayoría en el Senado de la República, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Volvió a sacar a relucir el contrato de fideicomiso de Banorte 744743 por 65 millones de pesos que Duarte constituyó junto a su esposa Bertha Gómez Fong, monto con el que pudieron obtener el 15 por ciento de las acciones del proyectado Banco Unión Progreso.
El punto de acuerdo que Corral Jurado propuso como de obvia y urgente resolución, fue apoyado por 42 senadores del PAN, PRD y PT, para que la Cámara Alta emitiera un exhorto a la PGR, a la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que den trámite a la denuncia del abogado García Chávez, que ya tiene dos meses en el limbo.
Corral logró que el punto de acuerdo fuera votado y ganó la votación con 40 votos a favor de realizar el exhorto y 36 en contra, pero como no se completó mayoría calificada equivalente a 84 votos –dos terceras partes del total de escaños del Senado–, la propuesta fue remitida a las comisiones de Hacienda y la de Justicia y para su análisis y posterior dictamen. Nada de gravedad si tomamos en cuenta con el tricolor cuenta todo el poder para entretener el asunto en la maraña burocrática legislativa.
Si bien la escaramuza del senador panista no pasó a mayores, sí dejó en claro que el Gobernador Duarte esta vez no concitó el respaldo del poderoso coordinador parlamentario del PRI, Emilio Gamboa Patrón, el mismo que hace cinco años le sirvió para catapultarlo como candidato a la gubernatura.
A lo más que llegó el líder de los senadores del tricolor, fue a enviar al legislador hidalguense, Omar Fayad, a empatar las acusaciones de corrupción sacando los trapos al sol del gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, por la construcción de la presa en el rancho Pozo Nuevo del que es propietario.
Ese tema fue tratado débilmente por Gamboa frente a Corral cuando el panista empezó a cabildear que su propuesta fuera subida a tribuna. El gobernador sonorense no significó peso ni obstáculo alguno para arredrar a su correligionario en la Cámara Alta.
El alfil de Gamboa no pasó de intercambiar acusaciones de enriquecimiento ilícito y corrupción contra el mandatario sonorense Padrés, casi idénticas a las que se le había endilgado un rato antes a Duarte de Chihuahua.
Y no fue más allá, porque la verdadera misión de Gamboa fue impedir que en el tira tira legislativo se subiera a la tribuna el caso de la llamada Casa Blanca, la propiedad privada del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera. Cuidó el bien político mayor sobre el bien menor que representa al estado norteño gobernador por su correligionario.
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Pero si bien la misión del coordinador parlamentario del PRI en el Senado era proteger al presidente y evitar que en las discusiones se engancharan los señalamientos, las dudas y sospechas sobre la adquisición de la exquisita y cara propiedad inmobiliaria por parte de la pareja Peña–Rivera, lo que más llamó la atención es que tampoco los senadores priistas de Chihuahua dijeran esta boca es mía para defender a Duarte Jáquez.
Las senadoras Graciela Ortiz y Lilia Merodio guardaron silencio, eludieron el reto lanzado por Corral para ir a la tribuna a defender al gobernador César Duarte, mientras que a Patricio Martínez ni el polvo se le vio. Después filtró que se encontraba en uno de esos viajes de turismo legislativo por Canadá, debido a lo cual no se aventó el kilométrico choro por él acostumbrado.
Ingratitud plena. Hace años Patricio enfrentó una demanda de juicio político cuando era gobernador del Estado casualmente interpuesta por el mismo García Chávez y donde el eficaz defensor fue nada más y nada menos que el entonces diputado local, César Duarte Jáquez.
Ubicada muy cerca de la curul de Emilio Gamboa, la senadora Graciela Ortiz siguió atenta la intervención de Omar Fayad, que intentó empatar las cosas señalando corrupción del gobernador panista de Sonora, pero en ningún momento el hidalguense metió siquiera las manos en defensa del mandatario chihuahuense.
Esa misma distancia ya se había marcado acá en el solar, desde el 24 de septiembre, cuando el abogado de izquierda Jaime García Chávez anunció que acababa de interponer la denuncia contra el gobernador del Estado.
Por ahí ha resonado una que otra voz de miembros del primer círculo del gabinete duartista que niegan las acusaciones y enderezan críticas hacia el activista y quienes lo apoyan, pero la verdad es que los defensores han sido pocos, y hasta podríamos decir que se cuentan con los dedos de las manos.
De ahí que el miércoles, la reunión del Consejo Político Estatal del PRI, programada inicialmente para las 17:30 horas, se haya retrasado tres horas, para aprovechar que en el recién remodelado gimnasio San Pedro del Comité Municipal en Chihuahua, se le arrimara un poco de calor al primer priista del estado, tras la vapuleada que había sufrido esa misma mañana en la tribuna del Senado.
Cobijado por sus allegados, el titular del Ejecutivo salió al paso de los señalamientos y arremetió contra sus acusadores. Pero tuvo que ser él mismo quien marcase la línea discursiva de la defensa, porque ni la dirigencia estatal del PRI, los legisladores federales, los locales u otras figuras del priismo habían dando con pie con bola hasta ese momento.
No al menos para confrontar argumentos sólidos frente a los señalamientos, datos, y documentos que van aventando como chisguetes a presión, los acusadores que le endilgan al gobernador el haber incurrido en ilícitos al convertirse en socio de la institución bancaria, y que demandan la separación del para que enfrente las denuncias penales y administrativas.
Después de que Duarte asumió su propia defensa política –en la legal no han dado ni un solo paso aún– salieron a coro los diputados locales y el dirigente del tricolor, y se sabe que a partir de esta semana, el llamado sistema PRI recibió la consigna de desfacer entuertos.
Como se ven las cosas, seguirá siendo únicamente el duartismo quien repela las acusaciones, el resto de los grupos y figuras reconocidas en el tricolor a nivel estatal y nacional, seguirán a distancia, viendo los toros desde la barrera, oteando a como vayan cayendo las cosas por su propio peso.
La coyuntura es delicada, no sólo por los acontecimientos que cimbran políticamente al país, sino por los intereses que se juegan en el ámbito estatal, con la designación de candidatos a diputados federales para los comicios del próximo año y el reacomodo rumbo a la sucesión.
Pragmáticos en extremo, los tricolores están dejando al titular del gobierno que constituya su autodefensa y de paso, quizá, solo quizá, en el escamoteo de apoyos le estén cobrando una cal por las que van de arena.
El escamoteo del apoyo por parte de los senadores del PRI en el Congreso de la Unión tiene su justificación en la poderosa discusión nacional que involucra, como decía Mirone, al presidente de la República. No le conviene a los tricolores que sea debilitada en esa instancia el nombre de su primer priista nacional, pero los diputados federales por Chihuahua no han movido tampoco un solo dedo.
Ahí están los legisladores por Juárez, Luis Murguía y Nacho Duarte, este segundo incluso primo de Palacio, que muy a gusto únicamente va y viene a la ciudad de México sin aventarse a rescatar por lo menos el apellido.
Por su parte, en la vertiente más fácil, los grupos priistas Chihuahua están metidos completamente en lo suyo: la posibilidad de hacerse de posiciones en la Cámara de Diputados durante la elección del año entrante y preparar el terreno para el 2016.
En la parte complicada, aparecen también las facciones tricolores del estado que han arremetido con todo contra el duartismo, ya sea porque no han tenido parte del pastel este sexenio o porque el propio duartismo decidió enfrentarlos apenas tomada la protesta en el 2010.
Duarte por su parte ya dejó claro que no solicitará licencia para que se investigue su presunta participación como accionista de Unión Progreso y aseguró que está preparado, abierto y preparado para responder política y legalmente a cualquier indagatoria que tome cause legal en su contra.
La acusación seguirá vigente por varios meses más, no sólo porque entró al laberinto legislativo del Senado, sino porque ahí mismo, en al Cámara Alta, habrá varios asideros para ir empujando el tema en los siguientes meses y en una e esas transita hasta la contienda sucesoria.
Nomás para empezar, es en el Senado donde ya se lanzó la convocatoria para el nombramiento del Fiscal Especial Anticorrupción, y una vez constituida la Fiscalía y designado su titular, los casos de las acciones del Banco Progreso, presuntamente adquiridas por el gobernador de Chihuahua y la famosa Casa Blanca del presidente Peña Nieto y esposa, serán marcados como prioridad para el nuevo órgano por parte de los legisladores de oposición. Es cuestión de darle tiempo al tiempo. Ahí no escapará ni el presidente Peña Nieto.
A la oposición le urge avanzar hacia mejores condiciones electorales; al propio Corral le urge mantener pavimentado el camino hacia su anhelo principal, la gubernatura de Chihuahua, así que el tema le es propicio y por nada lo soltará. ¡Vaya dolor de cabeza para Palacio! Les urge alguna jugada contundente, o preparar las maletas.